Denuncian que las Madres pagaron afiches para la campaña kirchnerista

La Coalición Cívica presentará una nueva denuncia por el caso Schoklender, en la que pedirá que se investigue si en la imprenta que pertenece a la Fundación se imprimieron los afiches de Amado Boudou, Abel Fatala y Carlos Tomada, cuando los tres competían por la candidatura a jefe de gobierno porteño.

14.06.2011 09:12:00

La Coalición Cívica presentará hoy una nueva denuncia ante la Justicia sobre el caso Schoklender: allí pedirá que se investigue si en la imprenta que pertenece a la Fundación Madres de Plaza de Mayo, vinculada a Pablo Schoklender, se imprimieron los afiches de Amado Boudou, de Abel Fatala y de Carlos Tomada cuando los tres competían por la candidatura a jefe de gobierno porteño por el kirchnerismo, según publica La Nación.

La denuncia, cuya copia obtuvo La Nacion, será presentada hoy por la diputada Patricia Bullrich (Coalición Cívica) ante el juzgado federal de Norberto Oyarbide, que investiga a Sergio Schoklender y a su hermano Pablo, entre otros, acusados de presunta administración fraudulenta y lavado de dinero.

Bullrich alertó que esos afiches proselitistas que realizó el kirchnerismo se habrían pagado con cheques provenientes de la Fundación Madres de Plaza de Mayo . "Es decir, con fondos públicos", aseveró la legisladora. Continua Link....

07/06/2011|06:00
EL RASTRO DE 21 MILLONES: Schoklender habría pagado retornos para CFK 2011

La campaña CFK 2007 se financió parcialmente con dinero de la denominada mafia de los medicamentos, compuesta por droguerías sospechadas de lavado de dinero; En efecto, los dueños de esos establecimientos le entregaban cheques al ex Superintendente de Servicios de Salud Héctor Capaccioli, mano derecha de Alberto Fernández, jefe de campaña de Cristina

El caso es que en abril de este año, mediante una resolución del Secretario de Obras Públicas, José López, se le entregaron 42 millones de pesos a Sergio Schoklender, apoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, presidida por Hebe Pastor de Bonafini. Según nuestras fuentes, el parricida le habría retornado a López la mitad, es decir, 21 millones de pesos, destinados aparentemente a la financiación de la campaña presidencial del oficialismo de octubre próximo.

¿Un retorno del 50%?

La obra en cuestión fue presupuestada por 151 millones de pesos y está ubicada en un predio ubicado de la Avenida Castañares y la General Paz. Allí se construirían varias torres de viviendas populares. Pero como se demoró la inauguración debido a los desvíos de fondos efectuados por la asociación ilícita gerenciada por el parricida, este año Obras Públicas se vio obligada a dar un refuerzo de 42 millones de pesos. Los hermanos Schoklender manejaban los fondos a través del contador de la Fundación Madres, Alejandro Gorkin, esposo de Marcela Zlotogorski, quien tiene a su nombre varios autos importados y es el eslabón débil de la cadena.

También existiría una carta reveladora de Schoklender a la Presidente, en la que señalaría que el Gobierno le pagaba a la Fundación 1700 pesos por metro cuadrado y 4500 a las empresas de la Cámara Argentina de la Construcción, irónicamente llamada en círculos empresarios la “Cámara Argentina de la Corrupción”. De más está decir que el método seguido es, como siempre, el de los sucesivos reajustes. Las Madres, entonces, presupuestaban siempre menos que las empresas privadas. No obstante ello, una investigación del diputado Gustavo Ferrari estableció que las empresas privadas en Buenos Aires facturaban cada casa a 90.000 pesos y la fundación a 161.000 pesos. Es decir que no se sabe exactamente si a las Madres les pagan menos, como dice el parricida, o más, como asegura Ferrari. Continua Link......

De eso no se habla

Desde el preciso momento que estalló, el Schoklender-gate se ha transformado en una suerte de prueba para ver si el periodismo se atrevía a ponerse a la altura de las circunstancias a la hora de informar con honestidad todo lo ocurrido.
Lamentablemente, no fue así. No al menos en las primeras horas, en las que el mensaje de los periodistas —incluido el del gesticuloso Jorge Lanata— ha sido el de desvincular a Hebe de Bonafini de todo lo hecho por su hijo putativo.
Si así fuera, ¿cómo explica la titular de Madres de Plaza de Mayo la enorme cantidad de cheques rechazados que tiene en su haber y que aparecieron “blanqueados” en las mismas financieras “truchas” que se denuncian en los expedientes del triple crimen de General Rodríguez y la mafia de los medicamentos? ¿Cómo justifica que la facturación total de la fundación a su cargo se multiplicó por 45 en cuatro años (1)?
En realidad, Bonafini está en serios problemas y lo sabe: no solo porque Schoklender era solo un mandatario de la Fundación, sino porque ella misma pidió que se desestimaran las denuncias que se venían acumulando contra Madres y contra su apoderado favorito. Por caso, un conocido referente de Coalición Cívica aseguró “off the record” a varios medios que la propia Hebe lo llamó en su momento para que desestimara los señalamientos contra Schoklender.
En tal sentido, no casualmente este último ha amenazado al kirchnerismo con revelar situaciones espinosas que podrían involucrar a la propia Cristina Kirchner en caso de que le sea soltada la mano. Esa amenaza tiene que ver con los dineros de campaña con los que la actual mandataria llegó al poder.
Se trata de fondos que se blanquearon a través de una firma en la que el propio Schoklender aparece como accionista (2) y de otra financiera que es investigada en México por lavar capitales del narcotráfico de ese país, pertenecientes al poderoso Joaquín “Chapo” Guzmán.
¿Se animará el apoderado de Madres a hablar sobre ese punto o será salvado —o “callado”— por el Gobierno antes de que ocurra?En sentido similar, ¿qué dirá el oficialismo cuando se descubra que el narco Guzmán estuvo en la Argentina merced a las gestiones de un poderoso —y bigotudo— ministro del Poder Ejecutivo?El escándalo recién empieza y las preguntas se siguen acumulando, una tras otra. Sin embargo, ningún funcionario del kirchnerismo parece interesado en responder. Nota completa Link...

Christian Sanz
Twitter: @cesanz1

La caja alegre: Nadie fue. Nadie vio. Nadie controló nada.

“Hay que hacer casas, casas, casas en todas partes”, decía Hebe de Bonafini cuando Cristina Kirchner participó de la inauguración el 10 de febrero. Schoklender estaba debajo del escenario. La Presidenta elogió el proyecto. Las bautizó “las casas que caminan”

El canciller Héctor Timerman firmó un convenio con la Fundación para promocionar el programa Sueños Compartidos en el exterior. La oposición pide ahora que se suspenda ese acuerdo.
Entonces, el canciller explicó -según la gacetilla de "Sueños Compartidos"-: “A la Argentina le sirve; porque muestra que, lo que se hace adentro, también se puede hacer afuera.

Debemos dejar de hablar de Schoklender y en cambio preguntarnos, ¿por qué el gobierno le dio semejante suma de dinero a un organismo sin control?, ¿Quién o quiénes son los cómplices de Schocklender dentro del gobierno? Es evidente que no actuó solo. Nadie del gobierno le daría semejante suma sin control a la fundación y con evidencias tan claras de la estafa que se estaba realizando con los altísimos costos de construcción de las viviendas que realizaban, como lo expresó la ex ministra Felisa Miceli en su informe del año 2007. Todo indica que detrás de estos sobre precios habría escandalosas cifras de “retornos” a funcionarios del gobierno que en parte habrían ido a financiar campañas oficiales.

En la ruta de los $ 1.300 millones se evadieron todos los controles

16-06-11 00:00

Analía Argento Editora de Política y Opinión

El destino de los $ 765 millones que recibió la Fundación Sueños Compartidos intenta ser presentado como un delito del orden “privado”. De hecho apenas asumió la defensa de Sergio Schoklender, ex apoderado de la Fundación de Madres Plaza de Mayo, el abogado Adrián Tenca argumentó que una vez que el dinero público ingresa a una organización privada pierde su carácter público. Dijo también que Schoklender no es un funcionario y por lo tanto no tiene que demostrar cómo hizo su fortuna.

Sin embargo no es cierto que por tratarse de una entidad privada no deban intervenir los organismos de control ni auditarse hasta el último peso. La Ley 24.156 regula la administración financiera y los sistemas de control del sector público nacional. Se dispone en el artículo 8 que “serán aplicables las normas de esta ley, en lo relativo a la rendición de cuentas de las organizaciones privadas a las que se hayan acordado subsidios o aportes” –este es el caso– y también “a las instituciones o fondos cuya administración, guarda o conservación está a cargo del Estado nacional a través de sus Jurisdicciones o Entidades”.

Según esta ley competen como órganos de control interno del Estado responsabilidades a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y como órgano externo, a la Auditoría General de la Nación (AGN) que depende del Congreso de la Nación.

Pero además, deben ejercer el control del dinero público aportado “las unidades de auditoría interna que serán creadas en cada jurisdicción y en las entidades que dependan del Poder Ejecutivo Nacional”. Estas unidades dependen, jerárquicamente, de la autoridad superior de cada organismo y actúan coordinadas técnicamente por la Sindicatura General. Entonces, además de la SIGEN y de la AGN, cada Ministerio que dispuso fondos y recursos para la Fundación presidida por Hebe de Bonafini debió haber advertido algo en la auditoría de cada año. Por lo menos le cabe el sayo al Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. En el Ministerio de Trabajo en cambio dicen que nunca giraron fondos y que los seguros de capacitación y empleo a la gente que trabajó para la Fundación de Madres pasaron siempre por esa cartera. También colaboró con la entidad el Ministerio de Desarrollo Social.

Pero además, no hubo hasta ahora sanción de la AFIP por el incumplimiento del pago de aportes a empleados tal como dispone la Ley Penal Tributaria. Y el Banco Central de la República Argentina también intenta explicar qué pasó con los cheques rechazados. Un paso más allá, también debería volver a explicar un juez de la Nación: Claudio Bonadío, quien a principio de este año cerró una causa al respecto.

Parece imposible que haya tantos en la lista con mirada laxa sobre los $ 1.300 millones que estaban disponibles para la construcción de viviendas que además se hicieron por contratación directa, algo que para tales cifras tiene prohibido el Estado Nacional.

Para que se entienda: el envío de fondos a la Fundación permitió eludir las reglas básicas para adjudicar la construcción de viviendas y hospitales como son las licitaciones públicas, mecanismo que no sólo garantiza mejores precios sino también, transparencia. Por acción u omisión, la lista de los que participaron del juego del gran bonete es extensa: Unidad de Auditoría Interna por lo menos de un Ministerio, SIGEN, AGN –organismo que varias veces exigió información al Gobierno sobre otros temas a los que nunca accedió– y la AFIP. También la Unidad de Investigaciones Financieras cuyo titular José Sbatella admitió que tardó un año en tener elementos para ir a la Justicia y casualmente los tuvo cuando el escándalo salió en los medios y coincidentemente cuando acababa, por fin, de aprobarse en el Congreso la Ley contra el Lavado de Dinero, delito que está entre los investigados en el caso.

También pudo haber advertido alguna irregularidad la Inspección General de Justicia –organismo que debe auditar a las fundaciones que reciben dinero del Estado–, el Banco Central y hasta la Justicia Federal, aunque en este caso se trate de otro poder del Estado.

Pero el cuento del gran bonete no termina ahí. Municipios y gobiernos provinciales que actuaron como intermediarios hacen malabares por despegar del entuerto. El primero fue el gobierno de Daniel Scioli que oportunamente apenas estalló el escándalo reveló a través del Boletín Oficial bonaerense que la empresa Meldorek S.A. –constructora contratada por Madres– es propiedad de Sergio Schoklender, hecho que él, como apoderado, negaba.

El “Schoklendergate” podría ser la punta del iceberg sobre la discrecionalidad y desmanejos de los fondos destinados a la obra pública en Argentina.

Evidentemente y hasta por las revelaciones de la propia Bonafini, en cinco años que lleva funcionando la Fundación, no han faltado huellas. Alguien las dejó, nadie las vio.

Más datos sobre la caja feliz link

El gobierno nacional obligaba a provincias y municipios a contratar en forma directa, sin licitación alguna, a la Fundación Madres de Plaza de Mayo si querían recibir fondos especiales para construir viviendas sociales, según publica hoy el Diario La Nación.

Los documentos, a los que tuvo acceso La Nación, contradicen abiertamente lo que afirmaron el miércoles pasado, en el Congreso, los subsecretarios Abel Fatala (Obras Públicas) y Luis Bontempo (Vivienda) para despegarse del escándalo que desató el desmanejo de fondos por parte de Sergio Schoklender, ex apoderado de la fundación: "Nosotros no tratamos directamente con las Madres, sino con las jurisdicciones, con los municipios".

Esos dichos provocaron comentarios de gobernadores, que se apuraron a aclarar que el plan "venía enlatado" desde el Ministerio de Planificación y que ellos sólo pagaban cuando recibían los fondos y se certificaban las obras, publica hoy el matutino en su versión online.

Los documentos en poder de La Nacion reflejan lo que gobernadores e intendentes admitían sin el grabador prendido: la orden expresa del Gobierno era contratar a las Madres. Si así ocurría, ellos cobrarían sin demoras y las casas iban a estar hechas a tiempo.

En algunos de esos convenios, además, se pagaron, según lo presupuestado hace 13 meses, 463.000 pesos, por ejemplo, por cada vivienda en Villa Lugano de 70 metros cuadrados, amueblada y equipada con heladera.

En un contrato de obra firmado el 13 de abril de 2010 por Sergio Schoklender como apoderado de las Madres de Plaza de Mayo y Schiavoni, por la Corporación del Sur, se menciona expresamente que mediante el Convenio de Colaboración y Transferencia "se impone la obligación por parte de esa Subsecretaría [de Obras Públicas de la Nación] de contratar en forma directa a la fundación para acceder al financiamiento de la obra". Claramente: para recibir dinero había que firmar con las Madres.

¿Nadie sabía?Link

La investigación en pleno despliegue va encontrando datos y armando sus hipótesis. Una de las más firmes habla de una mesa de dinero que los Schoklender habrían armado para generar un circuito financiero en negro para el cual la empresa Meldorek habría sido clave.

Un supuesto......(Hebe)

Antes que nada, quiero dejar perfectamente en clara mi postura Pro-Madres. Su mensaje de mantener fresca la memoria me parece muy loable como así también su continuo trabajo para juntar hijos expropiados de sus verdaderos padres.

"Las Madres", una Fundación que atravesò un cuarto de siglo como una institución respetada por su conducta, su valentía y su ética. Al llegar al gobierno, Néstor Kirchner (un dirigente que no se había caracterizado precisamente por su compromiso con los derechos humanos durante los años de plomo) resolvió asociar a las Madres a su “modelo”, las proyectó como instrumento político y les dio ayuda financiera para que armaran a su alrededor un “aparato”. Así, terminó contaminando aquella trayectoria con las presentes desviaciones.

Lo cierto es que meses antes de la denuncia presentada por Quiroz y Echecoin Moro, la UIF ya había iniciado una pesquisa sobre Schoklender y otros allegados suyos, debido a sospechas de posibles desvíos de fondos y lavado de dinero. Alguno de los datos en danza fueron aportados por los bancos con los que operaba Schoklender, que detectaron un gran flujo financiero en cuentas con poco movimiento, por lo que reportaron tales operaciones como sospechosas. Tanto es así que el expediente instruido en la UIF ya tenía unas 4 mil fojas. Ése fue el expediente que el miércoles pasado Sbatella envió al fiscal antilavado, Raúl Plee.
Dicho funcionario únicamente tardó una madrugada y parte del alba en leer semejante documentación, antes de girarla a despacho del fiscal federal Jorge Di Lello; a las pocas horas, Oyarbide se hizo cargo de la causa. En el medio, se cree que desde el despacho de Plee, alguien habría filtrado datos sustanciales del expediente al diario La Nación. La utilización política del asunto entraría entonces en su etapa más jugosa. Los billetes del mal. De ese modo tomó estado público el sorprendente patrimonio de Schoklender. Y sus puertos claves serían dos empresas a las que se le atribuye su propiedad: Meldorek SA. y Antártica Argentina, entre otras nueve firmas más modestas, pero no menos significativas.
La primera, curiosamente, fue fundada en 2003 por dos jubiladas de 63 y 76 años para importar electrodomésticos; su capital inicial era de 12 mil pesos. Ocho años después, Meldorek tiene como principal accionista a Schoklender, con un capital de más de 2 millones de pesos. Sin embargo, a los 20 días de haber sido creado, ese emprendimiento pasó a manos del empleado de banco Daniel Laurenti. Éste en realidad habría sido el testaferro de un financista de la City, quien adquirió Meldorek con el único propósito de inscribir en esa razón social sus dos aviones: un Pipper Cheyenne y un Cessna Citation. Fue a través del piloto de una de esas naves –Gustavo Serventich– que Schoklender adquirió la empresa, y por ende, los aviones, en 2010. Desde entonces, el acaudalado Sergio Mauricio es su director, y un tal Alejandro Gotkin, su presidente.
Gotkin también preside la empresa Antártica Argentina, en la que Schoklender figura en su directorio. Se supone que esa estructura era usada como una suerte de tirabuzón al que ingresaba dinero del Estado que cobraba la Fundación Madres de Plaza de Mayo, y luego salía en efectivo, a través de cheques cobrados por Schoklender y sus amigos en el mostrador de un banco de Villa Crespo. Se habla de numerosas operaciones por un valor que oscila entre dos y cuatro millones de pesos.
El motivo por el cual la UIF conservaba el expediente allí instruido no tenía por motivo demorar la pesquisa sino descubrir el llamado “delito precedente”. Es decir: para que una maniobra financiera pueda ser considerada como lavado de dinero es necesario desentrañar la trapisonada delictiva que generó esa ganancia. Ello era lo que investigaba Sbatella cuando el asunto explotó en los medios. Tal circunstancia hizo añicos la confidencialidad de la pesquisa, la cual es indispensable para evitar que los sospechosos puedan entorpecer el curso de los acontecimientos.
En tanto, el fiscal Di Lello no sólo considera como damnificado al Estado Nacional sino también a una “importante y trascendente organización que tiene una trayectoria mundial en la defensa de los derechos humanos, como es la Fundación Madres de Plaza de Mayo”. Link

Hebe

"Hace un año empecé a tener discusiones con él porque quería convertir a la fundación en una empresa. Yo le decía: mirá, Sergio, esto no es una empresa, somos un emprendimiento, somos soldados de este proyecto nacional y popular", contó la titular de Madres en una entrevista publicada hoy por Tiempo Argentino.

Consultada enseguida sobre a qué se refería con cosas que le gustaban, respondió: "El manejo de la situación".

Además, indicó que "no" advirtió ninguna situación extraña dentro de la Fundación "porque Sergio era un tipo que trabajaba 30 sobre 24 horas, le pagaba a la gente y las construcciones se hacían".

En ese sentido, dijo que "sí" confiaba en Shoklender "porque las obras se hacían" y señaló que si en el gobierno le hubiesen dicho mirá, Hebe, acá falta plata, eso no se hizo, ella "hubiera actuado antes", aunque dejó en claro que "eso no pasaba".
"Nunca hubo una desconfianza ni nadie me avisó que faltaba plata", completó la presidenta de Madres de Plaza de Mayo.

Adolfo Pérez Esquivel acusa al Gobierno de "descontrol"

Dijo que debería haber controlado los recursos públicos por tratarse de millones de pesos.

El premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel consideró que el Gobierno tiene gran responsabilidad en el caso de denuncias por presunto lavado de dinero y malversación de fondos al ex apoderado de las Madres de Plaza de Mayo, Sergio Schoklender.

En declaraciones a radio La Red, Pérez Esquivel sostuvo que el Ejecutivo debería haber hecho “el control sobre los recursos públicos”.

“Creo que hay una gran responsabilidad del Gobierno que debe determinar controles, auditorías y rendiciones de cuentas, porque no se habla de monedas sino de millones y millones de pesos”, señaló.

De todas maneras, el titular del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) remarcó que hay que separar el caso particular con la trayectoria de las organizaciones, aunque confesó que “hace muchísimos años” que no tiene “ningún tipo de contacto” con Hebe de Bonafini.

Pérez Esquivel recordó que el motivo del distanciamiento fue el de la fractura de las Madres, momento en que él ofreció “un salón para reuniones” y “a eso Hebe lo vio como una contradicción”.

Sin embargo, remarcó que nunca hubo ningún tipo de discusión entre ellos y que de ella rescata “la defensa de los derechos humanos integral y sin distinción” aunque critica su “opción de acción partidaria”.

En ese sentido, elogió a Nora Cortiñas –titular de Madres Línea Fundadora- de quien dijo que “tiene las cosas muy claras: primero, al independencia, una posición clara sobre la integralidad de los derechos y seguir buscando la verdad y la Justicia sin involucrarse en política partidaria”