"Permitidme fabricar y controlar el dinero de una nación y ya no me importará quién la gobierne"Autor Anonimo.-
Busca estatizar el Gobierno un fondo de más de $ 4200 millones de los bancos
El proyecto de ley de servicios financieros promovido por diputados cercanos al kirchnerismo prevé que el BCRA administre el dinero con el que se garantizan los depósitos a la vista, que, desde 1995, es manejado por una sociedad anónima; críticas desde la oposición.Link
Por Francisco Jueguen .De la Redacción de lanacion.com .fjueguen@lanacion.com.ar . @fjueguen
El Gobierno podría controlar un fondo que en la actualidad ronda los $ 4200 millones en caso de que prospere el proyecto de ley de servicios financieros promovido por diputados alineados al kirchnerismo. Se trata de una cifra apenas superior a los US$ 1000 millones que Economía buscó obtener sin éxito de los mercados voluntarios de crédito luego del canje de deuda en default, pese a la adhesión lograda.
Aunque los números pueden parecer exiguos para el caudal de dinero que maneja el oficialismo, la letra de la ley esconde además otra polémica que podría hacer más atractiva la iniciativa para el Ejecutivo. El proyecto hace obligatorios los aportes hasta hoy opcionales. Es decir, todas las entidades financieras deberán aportar a ese fondo.
Actualmente el proyecto de ley de servicios financieros para el desarrollo económico y social -que también lleva las firmas de Martín Sabbatella, Jorge Rivas, Vilma Ibarra y Ariel Basteiro- fue girado en a las comisiones de Finanzas, y Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados para su evaluación.
"Es una manera de robarse 1000 millones de dólares", señaló a lanacion.com el jefe del bloque de diputados de Pro, Federico Pinedo.Desde esa fuerza política preparan otra propuesta que estará lista en una o dos semanas y que se sumará a otro proyecto presentado en diciembre pasado por el diputado Gerardo Milman (GEN).
seguró a lanacion.com el ex diputado duhaldista Jorge Sarghini. "No se puede obviar que el Gobierno avanzó con distintos mecanismos para utilizar el Central como instrumento de financiamiento", completó y mencionó como ejemplo el uso por adelantado de sus utilidades.
Alfonso Prat-Gay (Coalición Cívica), prefirió no dar una opinión para mantenerse como "árbitro neutral" en esa discusión.
señaló Heller a lanacion.com. "No hay nada que indique que ese fondo de garantía de los depósitos tenga otro destino del que tiene actualmente", sostuvo, aunque aclaró que es posible que se invierta en "papeles argentinos"..... (Osea, otro destino del que tiene actualmente.)
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Leer que: La actividad financiera es un servicio público Se busca un cambio de paradigma en la legislación financiera Se obliga a los bancos a prestar para fines puntuales Se regulan las tasas de interés... Todo ello, en un proyecto de reforma (sustitución) de la ley 21.526 impulsado por Salomón Heller , me da un poco de miedo realmente...
El predominio de la inversión especulativa sobre la inversión productiva, que opera en contra de la producción y el desarrollo, las dos razones elementales que le dan sentido a la existencia del sistema bancario Argentino, y eje del problema a salvar. Si bien a lo largo de tres décadas se han realizado 16 modificaciones a la Ley, ninguna de ellas cambió el espíritu de esa banca descomprometida del desarrollo argentino gestada en la década del ’70.
Según se argumentaba, la liberalización financiera mejoraría la competitividad del sector e incrementaría el ahorro y la inversión, fomentando así el desarrollo económico al liberar recursos de su estado de “represión”.
Tratándose del fenómeno jurídico, es necesario partir de la noción General e ideal de derecho y con base en ella para poder calificar todo elemento que merezca ser jurídico. Entonces una cosa es el derecho como concepto de carácter universal y otras disciplinas-aunque íntimamente relacionada-los diversos sistemas jurídicos que operan en el mundo. a ninguno de ellos según se ha expresado, se le puede considerar como el Derecho mismo. En todo caso son aplicaciones concretas de lo que es el fenómeno jurídico. Para normar la conducta social en cierto sentido valioso. Son para decirlo de una vez, elementos "instrumentales" del Derecho, pero no son el Derecho.
Es necesario insistir en que el sentido del derecho,precisamente como idea. No opera de manera directa en la realidad para lograr los valores jurídicos, como la justicia, la paz social, la solidaridad, la paz social, la seguridad, el bien común, etc. Requiere necesariamente de elementos con una presencia real y objetiva, como lo son las normas jurídicas- que se convierten en leyes- ordenadas y jerarquizadas en forma de "sistema", que materialmente se representa con la figura de la "pirámide jurídica", que tiene como base generadora una constitución general. Ya es tiempo que esto se entienda para no seguir en el error. Solamente separemos, por un lado, el concepto general o universal del Derecho, como una idea de orden social, de justicia, de paz y seguridad de las relaciones entre los hombres y por otro lado los "instrumentos" que requiere para realizarse plenamente de hecho. elementos instrumentales como la norma jurídica, la ley, los sistemas jurídicos, la aplicación técnica de creación, o interpretación de la ley - la hermenéutica jurídica- las conductas que constituyen el " orden jurídico"- que es distinto del concepto de sistema jurídico-entre otros. La idea de Derecho, como constante aspiración al logro de valores humanos. Los sistemas jurídicos, por otra, como elementos materiales e instrumentales. Podemos concluir que el Derecho es una idea universal de orden, paz y justicia social; que requiere para su actuación, d los sistemas jurídicos, que operan en cada Estado del mundo, y estos sí podemos entenderlos y definirlos como "un conjunto de normas"al servicio del Derecho. La Ley de Entidades Financieras 21.526 fue sancionada el 14 de febrero de 1977 durante la última dictadura cívico militar. Su función: liberar el mercado financiero.
Entre 1977 y 2008la cantidad total de entidades financieras cayó de 723 a 84 y el número de entidades extranjeras creció sostenidamente.
A nivel discursivo, esta reforma se basaba en las supuestas virtudes del mercado como mecanismo asignador de recursos y fijador de precios, y condenaba al mismo tiempo la intervención estatal en el sistema financiero.
Este proceso tendió a profundizarse durante la década de 1990 a partir de la introducción de las normas de regulación prudencial de Basilea y la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central, resultando en una transformación radical de la estructura del sistema financiero.
A partir de la década de1990, el crédito a los sectores productivos se ha contraído considerablemente, priorizándose los préstamos para consumo.
Adicionalmente, una menor proporción de los préstamos estuvo destinada al interior del país, impactando negativamente en el desarrollo regional.
El resultado a largo plazo fue la concentración, privatización y extranjerización de un sistema financiero que no ha cumplido adecuadamente su rol de canalizar recursos hacia la actividad productiva.
Un punto a tener en cuenta en cuanto a la nueva ley de entidades financieras es si el Gobierno, urgido por necesidades políticas de corto plazo, avizora beneficios concretos en una reforma estructural de este tipo. Como ejemplo, puede decirse que la estatización del sistema de jubilaciones y pensiones, en 2008, fue una clara señal en el sentido de desandar las reformas neoliberales de los 90, pero además le otorgó al Estado un juego político muy palpable. Desde entonces el Estado nacional pudo financiar aumentos en el gasto público a tasas más bajas que las que oferce el mercado local y poner en marcha el “más ambicioso plan de asistencia social de la Historia argentina” -tal la definición que realizó la consultora Econométrica en un informe reciente para referirse a la asignación por hijo a desocupados y trabajadores informales pobres-. De igual modo, la Ley de Medios, de amplio consenso entre organizaciones sociales y partidos políticos de centroizquierda, implicó un mojón muy claro para el Gobierno en lo que percibe como una disputa estratégica en el ámbito de la comunicación. En tanto, la Ley de Entidades Financieras es una verdadera cuenta pendiente de la democracia y existente con un cierto consenso en ámbitos “progresistas” sobre su necesidad, como que sus beneficios se verán recién con el tiempo, cuando pueda empezar a canalizarse el crédito no ya al consumo o a colocaciones de muy corto plazo, sino hacia la producción, dándole aire a la economía real. link
EL BLOQUE NUEVO ENCUENTRO PRESENTARA EL LUNES EL PROYECTO DE NUEVA LEY DE ENTIDADES FINANCIERAS- (lea primero el siguiente link éste link éste link, o este otro link sobre Salomón Heller) (lea también este link, o este otro link sobre los acuerdos de Basilea, o éste otro link sobre el Bank of International Settlements (BIS -Basilea))
Ahora lea "Cómo controlar a los bancos desde las bancas"
La propuesta busca reemplazar la ley que rige hoy la actividad financiera y que proviene de la dictadura. Se propone fortalecer la capacidad del Estado de monitorear la actividad bancaria. Confían en lograr el apoyo del Frente para la Victoria.
Por Martín Piqué
El bloque Nuevo Encuentro ya tiene decidido dónde y cuándo presentará en sociedad el proyecto de nueva ley de entidades financieras. Lo hará el lunes próximo, a las 12 y en el salón José Luis Cabezas de la Cámara de Diputados. El texto de la iniciativa llevará por título “Ley de crédito productivo y cobertura universal de servicios financieros”. Lejos de las pautas que exige el establishment, la propuesta busca inaugurar un cambio de paradigma en la legislación con el objetivo de fortalecer la capacidad del Estado de monitorear la actividad bancaria, destinado a la federalización del crédito y su direccionamiento con fines productivos.
En los últimos días, los diputados que encabezarán la propuesta prefirieron mantener bajo reserva sus detalles: el cuidado se explica por la natural disposición a abrir vías de negociación con otros sectores legislativos. “No queremos hacer un proyecto testimonial, sino que pretendo contar con todos los apoyos necesarios”, declaró en su momento el diputado Carlos Heller, que trabaja desde hace tiempo en la iniciativa, en la que colaboró una decena de economistas y abogados.
El proyecto se propone reemplazar a la legislación actual en materia de bancos. La ley que rige hoy la actividad financiera proviene directamente de la dictadura (como la 22.285, que reglamentaba la radiodifusión inspirada en los principios de la Doctrina de Seguridad Nacional) y es considerada una herramienta jurídica heredada del neoliberalismo. El contenido básico de esa legislación, además, está en línea con los principios del Comité de Basilea, un espacio de coordinación y fijación de reglas para la actividad bancaria a nivel global. Esas reglas, vale aclararlo, no son de cumplimiento obligatorio por todos los países.
El Comité de Basilea está integrado por los presidentes de los bancos centrales de las diez economías más grandes del mundo. Las últimas recomendaciones del Comité –conocidas como Basilea II– imponen un capital mínimo muy alto para operar y son bastante restrictivas: alientan la concentración bancaria. El proyecto de Nuevo Encuentro no pretende acatar a rajatabla los preceptos de Basilea. Heller ya reconoció que la propuesta no está inspirada en las recomendaciones del Comité. En cambio, sostiene que esas regulaciones, como también el rol coordinador de los principales bancos centrales, colapsaron con la crisis que sacudió al mundo en 2009. “La crisis financiera internacional puso de manifiesto que la autorregulación no sirve. Además, esas reglas no pueden ser aplicadas a países periféricos porque desincentivan el crédito a las pymes”, declaró.
Lejos de las pautas que exige el establishment financiero, la propuesta busca inaugurar un cambio de paradigma en la legislación de la actividad bancaria. Para empezar, se impulsa un modelo basado en los usuarios de los servicios financieros y no en las entidades que prestan esos servicios. Para los autores de la iniciativa, eso significa que los usuarios puedan acceder a los servicios bancarios con una mayor cobertura geográfica y una mayor inclusión. El modelo propuesto prevé que la actividad financiera sea considerada un servicio público. Considerar que la práctica de prestar dinero –créditos al consumo, a la inversión, a la compra de viviendas– es un servicio público implicaría que dicha actividad no quede más librada a la libre acción del mercado. Como sucede hoy.
La intención de los impulsores era presentar el proyecto antes de la apertura de las sesiones ordinarias, pero el debate en torno del uso de las reservas para pagar deuda –el discutido Fondo de Desendeudamiento– obligó a postergar la elaboración del texto. La iniciativa se podría resumir en las siguientes líneas de acción, que a su vez se podrían sintetizar en el objetivo de fortalecer la capacidaddel Estado de monitorear la actividad bancaria:
- Crear una superintendencia única para las entidades financieras, cambiarias y de valores. También crear un organismo que defienda los intereses de los actores financieros en todos los mercados, como asimismo los derechos de los usuarios.
- Regular las tasas para fomentar algunas actividades que sean esenciales.
- Obligar a los bancos a prestar dinero con fines puntuales. Se privilegiará a las pymes y a la economía social.
- Facilitar la labor de la banca nacional, tanto cooperativa como privada.
- Establecer requisitos diferenciados para los bancos privados de envergadura, por un lado, y para las cooperativas de crédito y las cajas populares, por otro.
- Fomentar el acceso y la inclusión al sistema bancario. Darle una impronta más federal.
Las ideas del proyecto tienen puntos de contacto con propuestas anteriores: esos borradores buscaban derogar y reemplazar la ley vigente, cuyo responsable fue José Alfredo Martínez de Hoz, y se planteaban como principal objetivo direccionar el crédito del consumo a la inversión, implementar un sistema de tasas de interés subsidiadas para financiar proyectos y motorizar una mayor participación de la banca pública en la actividad. Un ejemplo es la propuesta que el Grupo Fénix presentó hace dos años. En esta oportunidad varios bloques adelantaron su compromiso de discutir el proyecto en el Congreso. Incluso existe una promesa de votarlo positivamente para tratar de obtener su sanción.
En Nuevo Encuentro confían en lograr el apoyo del Frente para la Victoria y harán esfuerzos por sumar a la bancada de Proyecto Sur, lo que será difícil tras el descarnado enfrentamiento que desencadenó el affaire de Roberto Larosa.
El Eterno Retorno es un tema Mítico (de Mito), que constantemente regresa al pensamiento del hombre a pesar que San Agustín en el -Siglo V- D. C. trato de eliminarlo de la Cosmovisión Occidental. Esta Doctrina, es una forma de concevir el tiempo, el cual describiría la forma de un círculo. Es decir, continuamente pasaría por los mismos puntos.
"El número de átomos que compone el mundo, es aunque desmesurado, y solo capaz como tal de un número finito (aunque desmesurado también) de permutaciones. En un tiempo finito, el número de permutaciones posibles, debe ser alcanzado, y el universo tiene que repetirse."José Luis Borges.
Hoy_ POLITICA Heller llevó a Olivos tres proyectos parlamentarios
El candidato a diputado por el kirchnerismo en la Capital y su jefe de campaña, Daniel Filmus, fueron recibidos por la Presidenta. Una de las iniciativas presentadas está relacionada con la reforma de la ley de entidades financieras, otra para beneficiar a las Pymes y la restante para favorecer el primer empleo en los jóvenes.
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner recibió este viernes al candidato a diputado de Encuentro Popular para la Victoria, Carlos Heller, quien le presentó tres proyectos parlamentarios, relacionados con la reforma de la Ley de entidades financieras, uno para beneficiar a las Pymes y otro para favorecer el primer empleo en los jóvenes.
Ayer__Ni una sola palabra con relación a la pobreza y desempleo Argentina 2003 ¿A quién le sirve el acuerdo con el FMI? Por: Julio C. Gambina - ALAI-AMLATINA Fecha de publicación: 07/03/03
Nota de aporrea: Información emitida por la Revista Koeyu Latinoamericano (Caracas). Visite su sitio web en www.koeyu.com
-------------------------------------------------------------------------------- ALAI-AMLATINA, 05/03/2003, Buenos Aires.- Todo el año 2002 estuvo atravesado por las negociaciones del gobierno argentino con el FMI. Las motivaciones apuntaban a evitar la cesación de pagos de Argentina con los organismos financieros internacionales y crear las condiciones para normalizar los pagos con los tenedores de títulos de la deuda externa pública, que habían entrado en default desde fines de 2001. Se trató de "restablecer la confianza de los inversores nacionales y extranjeros", tal como destaca finalmente el acuerdo firmado en Enero del 2003. Los objetivos del acuerdo apuntan a "garantizar la solidez fiscal, monetaria y bancaria", "restablecer confianza..." y proteger "derechos contractuales". Está claro que el privilegio de la política económica legitima el ajuste permanente del presupuesto público, la restricción monetaria y la defensa del derecho de propiedad para favorecer los negocios de los inversores. Esto queda enfáticamente establecido al señalar los componentes principales del programa de transición, es decir, hasta agosto del 2003. Esos componentes se concentran en "mantener el déficit fiscal federal bajo control"; implementar "pactos bilaterales entre gobierno nacional y los gobiernos provinciales"; establecer un programa monetario para controlar la inflación; la preparación de una reforma fiscal de mediano plazo; reestructurar la deuda; sanear el sistema bancario y asegurar "los derechos de los acreedores, restableciendo la seguridad jurídica". Ni una sola palabra con relación a la pobreza, el desempleo, el mercado interno o la recuperación económica. Todos temas que se agravaron durante el 2002. El achicamiento del PBI superó el 11% durante el 2002 y abrió el camino del quinto año de recesión profunda. Las mediciones de la pobreza (ingresos menores a $716 por mes) alcanzaron el máximo de 57% de la población con más de 21 millones de personas, de los cuales casi 10 millones son considerados indigentes (ingresos menores a $220 por mes). Esta última cifra de indigentes es casi el doble de la existente un año antes. El desempleo alcanzó el 21,5% de la población económicamente activa y no se incrementa más por el efecto del Plan Jefes/as de Hogar desempleados que asigna 150 pesos (lejos del índice de indigencia) para casi 2 millones de personas. De ellos son muy pocos los que realizan prestaciones laborales y sin embargo impactan disminuyendo los indicadores oficiales de desempleo. La suma del subempleo proyecta a más del 40% la población económicamente activa con problemas de empleo. Son indicadores que revelan la crudeza de la crisis en los sectores sociales subordinados y que explican el porqué de la continuidad de una recesión que afecta a pequeños y medianos productores y empresarios, a las economías regionales y a la mayoría de la población argentina. Pero este no es el problema del FMI, ni de los acreedores externos, ni de los capitales en el poder. Objetivos y medidas sugeridas
El objetivo de estabilización económica condena a postergar las cuestiones de fondo, tales como la reactivación productiva y la distribución del ingreso y la riqueza. Es más, el acuerdo apuntala las formas de acumulación definidas en los últimos años y por eso resaltan los esfuerzos para normalizar la situación de pagos con el exterior. En ese sentido se establece la renovación de los vencimientos con los organismos financieros internacionales mientras dure el acuerdo y las condiciones para resolver la reestructuración de la deuda pública en manos de acreedores privados. Para este fin se ha designado (con costo) a un banco francés como asesor externo y se mantienen reuniones con acreedores tendientes a confeccionar un listado de tenedores de títulos y abriendo camino para una negociación que flexibilice las exigencias en materia de tasas, garantía y plazos. Un verdadero plan de pago que compromete las posibilidades presupuestarias de abordar las demandas crecientes de la sociedad perjudicada por las políticas favorecedoras de la concentración capitalista.
Por eso es que el memorándum insiste en fortalecer la recaudación. Se puede afirmar que el Estado requiere fuerte recaudación para asegurar el superávit que permita la compra de divisas para cancelar compromisos externos. Ese es el fundamento de la restitución del 21% como alícuota del IVA desde mediados de enero de 2002 y de la eliminación de las ventajas fiscales establecidas en los "planes de competitividad" constituidos a mediados del 2001 para intentar reactivar la producción local. Incluye un paquete de reformas tributarias que acerquen fondos al fisco y entre otros aspectos incluye a las cooperativas y fundaciones como sujetos del impuesto a las ganancias. Es sabido que son organizaciones no lucrativas y por lo tanto no sujetos al impuesto. Sin embargo, el espíritu recaudador impreso en el acuerdo reinstala una vieja aspiración del capital lucrativo para afectar los ingresos del sector solidario de la economía.
Pero también se confirma la política de restricción del gasto público y que entre otros aspectos niega el "reintegro del recorte salarial y jubilatorio del 13%, ordenado judicialmente e implementado entre julio 2001 y diciembre de 2002", el que "se realizará a través de bonos que no amortizarán durante el 2003." Es interesante resaltar que en materia de gasto, el acuerdo con el FMI privilegia "recursos suficientes" para pagar la deuda y otros bonos del primer programa de canje de depósitos bancarios; los bonos compensatorios a la banca por la pesificación asimétrica y los pagos de los bancos por amparos judiciales (tema actualmente en discusión y que involucra unos 2.800 millones de dólares) y las obligaciones con el FMI, BM y BID.
Queda claro aquí que una de las preocupaciones centrales del FMI es restablecer las condiciones de funcionamiento del sistema financiero, el que se redujo a un 20% del volumen de negocios a comienzos del 2001. De 90.000 millones de pesos equivalentes a dólares administrados como depósitos en febrero de 2001, la cifra se redujo a 58.000 millones de pesos, aproximadamente unos 18.000 millones de dólares a enero de 2003. Esa es la razón de la importancia asignada en el acuerdo con el FMI a la reestructuración de la banca y que apunta a modificar la ley de entidades financieras para potenciar su objetivo concentrador instalado en origen en 1977 durante la gestión de Martínez de Hoz bajo el gobierno militar genocida.
El acuerdo promueve las facilidades para la transferencia de activos entre bancos y favorece una legislación de la inmunidad (impunidad) para los funcionarios del BCRA que intervengan en el proceso de fusiones y reestructuraciones bancarias. Se prevé "limitar la capacidad del Poder Judicial para anular decisiones del BCRA sobre transferencias de activos a terceros". Está previsto que el BCRA redefina los capitales mínimos necesarios antes del cambio de gobierno en mayo próximo en base a proyecciones de negocios que los bancos debieron entregar a fines de febrero pasado. Expresamente alude a que "Se está comenzando con la reforma de los tres bancos públicos principales", el Banco de la Nación, el de la Provincia de Buenos Aires y el de la Ciudad de Buenos Aires. En ese sentido se alude al "mejoramiento del desempeño operativo", el "fortalecimiento de la gestión" y el futuro estratégico incluyendo "decisiones sobre capitalización a través de la emisión pública de acciones". Este es el camino de la privatización parcial que acumule en el sentido de la privatización total de la banca pública.
Sin dudas que el acuerdo entre el gobierno y el FMI le da sustento a la pretendida recuperación del ciclo de negocios del poder económico, ya que además del privilegio a inversores, acreedores externos y bancos, el memorándum inscribe las reivindicaciones de las empresas privatizadas de servicios públicos para "reemplazar los controles de precios y tarifas actuales" y facilitar "la reestructuración de las deudas por parte de las empresas prestadoras". No debemos olvidar que las privatizadas demandan intervención pública para atender sus préstamos en el exterior, muchos de los cuales están en cesación de pagos y reclaman fuertes ajustes tarifarios que el FMI sintetizó en una demanda por el 30% promedio y que hoy están impedidos por imperio de la convergencia de la ley de emergencia, el accionar de la justicia y la resistencia de los usuarios.
Buenos Aires, marzo de 2003
(*) Julio C. Gambina, Profesor Titular de Economía Política de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP (adherida a CLACSO). Miembro del Consejo Académico de ATTAC-Argentina. Director del Centro de Estudios de la Federación Judicial Argentina, CEFJA (adherido a la CTA). Director del Instituto de la Cooperación.
