
Les envían comida y agua cada dos meses y les alcanzan para 15 días. El ombudsman Mondino indicó que "sólo de junio a diciembre fallecieron 9 bebés por deshidratación"
26.03.2009
La Corte Suprema de la Nación ordenó a los gobiernos nacional y de Chaco que elaboren en un plazo de 30 días un "acuerdo de desarrollo" para proveer de alimentación e infraestructura a los sectores más postergados de la provincia, en especial comunidades aborígenes. Así, la corte emplazó a las autoridades a cumplir con un fallo que las obliga a proveer de agua potable, alimentos, medios de transporte y comunicación a la población del norte chaqueño, en su mayoría comunidades tobas. El gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, funcionarios de su provincia, autoridades nacionales, representantes del instituto aborigen chaqueño y el ombudsman nacional, Eduardo Mondino, participaron ayer de una "audiencia reservada" con el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, y los ministros Elena Highton de Nolasco y Raúl Zaffaroni.
Durante el encuentro, las autoridades presentaron informes sobre las acciones que realizaron para asistir a las comunidades indígenas en el marco de la medida cautelar dispuesta por la Corte tras una presentación de Mondino de 2007. El acuerdo dispuesto ayer deberá establecer plazos de cumplimiento y auditorías y monitoreos, de los que participarán el Ombudsman nacional y el Instituto del Aborigen Chaqueño.

Mondino dijo hoy, tras el encuentro, que en Chaco "hay cifras espeluznantes, entre junio y diciembre del año pasado murieron nueve
bebés por deshidratación u otras causas perfectamente evitables"
"Hay un programa alimentario pero la comida a veces no alcanza, beben de los charcos, hay abortos espontáneos, infectados de Chagas y todo eso ante un cuadro de desprotección porque los agentes sanitarios generalmente no pueden llegar a los lugares de mayor conflicto", explicó.
El director del Idach, Orlando Charole, destacó que "la emergencia alimentaria, sanitaria, habitacional y educativa fue atendida (tras el dictado de la medida cautelar) y por lo menos estamos fuera de preocupación".
"Sin perjuicio de eso hay que sostener la emergencia, los Estados nacional y provincial, en conjunto con los pueblos originarios, tenemos que seguir profundizando la atención de las comunidades indígenas", dijo a la prensa chaqueña. Charole afirmó que con las autoridades "coincidimos en entrar a atacar los problemas coyunturales que tiene la población indígena como la problemática territorial, proyectos sustentables y todo lo que se refiera a salud y educación a largo plazo".
"La Corte actuó con justicia, nunca hubo un precedente en nuestro país de que se dictara una medida cautelar de esta naturaleza que obligara a los gobiernos a concurrir en ayuda humanitaria a los pueblos originarios", recordó el dirigente. Las partes ya habían elevado el viernes un informe por escrito a la Corte sobre las acciones encaradas en las áreas críticas, en distintas localidades afectadas por la pobreza, falta de infraestructura y otros recursos sociales.
Capitanich expuso hoy ante los jueces los avances logrados en Chaco para atender a las comunidades aborígenes en provisión de agua potable, alimentos, medicamentos y comunicaciones viales y de puestos sanitarios. Sin embargo, entre los informes que se escucharon hoy en la Corte hubo advertencias de los observadores porque "no ha variado o lo ha hecho mínimamente" la situación de la salud.
En ese sentido, citaron la "persistente carencia de ambulancias y otros medios de movilidad" para los puestos sanitarios, fallas en el sistema de comunicación y un "lamentable estado edilicio" de varios de ellos. Asimismo, destacaron "la falta de profesionales de la salud y paramédicos" y las quejas de pobladores de comunidades tobas que aseguraron que los alimentos que reciben desde la Nación cada dos meses "alcanza para 10 a 15 días".
Fuente: DYN
El director del Idach, Orlando Charole, destacó que "la emergencia alimentaria, sanitaria, habitacional y educativa fue atendida (tras el dictado de la medida cautelar) y por lo menos estamos fuera de preocupación".

"La Corte actuó con justicia, nunca hubo un precedente en nuestro país de que se dictara una medida cautelar de esta naturaleza que obligara a los gobiernos a concurrir en ayuda humanitaria a los pueblos originarios", recordó el dirigente. Las partes ya habían elevado el viernes un informe por escrito a la Corte sobre las acciones encaradas en las áreas críticas, en distintas localidades afectadas por la pobreza, falta de infraestructura y otros recursos sociales.
Capitanich expuso hoy ante los jueces los avances logrados en Chaco para atender a las comunidades aborígenes en provisión de agua potable, alimentos, medicamentos y comunicaciones viales y de puestos sanitarios. Sin embargo, entre los informes que se escucharon hoy en la Corte hubo advertencias de los observadores porque "no ha variado o lo ha hecho mínimamente" la situación de la salud.
En ese sentido, citaron la "persistente carencia de ambulancias y otros medios de movilidad" para los puestos sanitarios, fallas en el sistema de comunicación y un "lamentable estado edilicio" de varios de ellos. Asimismo, destacaron "la falta de profesionales de la salud y paramédicos" y las quejas de pobladores de comunidades tobas que aseguraron que los alimentos que reciben desde la Nación cada dos meses "alcanza para 10 a 15 días".

Respecto de la provisión de agua, dijeron que "consiste en 2 ó 3 paquetes con 6 botellas de agua mineral de un litro y medio" y señalaron que junto la entrega de alimentos "es cada dos meses", por lo cual "cuando se quedan si agua la extraen de los charcos".
Fuente: DYN
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