La gobernabilidad desde 2001
Por Mario Wainfeld
Las voces surgen de la derecha del espectro político, en especial de sus voceros mediáticos. Pero tienen adherentes “de centro” y abarcan incluso a emisores o periodistas cercanos a la corrección política. La Argentina, sugieren, vive “escaladas de violencia” o “violencia piquetera” tout court. El “caos” campea en sus calles. Reprochan “pasividad” al Gobierno y sugieren escenarios inminentes plenos de riesgos. El espantajo de la ingobernabilidad es zarandeado como un riesgo cercano, si no se toman medidas. Esto es, si no se reprime –“dentro de la ley”, claro está– al movimiento de desocupados, cuya presencia callejera, alegan, pone en riesgo la democracia.
Asociar la gobernabilidad al acotamiento o cercenamiento de los reclamos públicos tiene su tradición desde la restauración democrática. El alfonsinismo –cuándo no– inauguró la idea de que la sobrecarga de demandas ponía en riesgo al sistema democrático, cuyo disyuntor era muy sensible a los reclamos salariales. El Frepaso hizo un mundo de aquello de ceder ante los poderes fácticos, en pos de defender un sistema vacío de contenidos.
Un sentido común instalado –hijo del miedo producido por la dictadura militar y las hiperinflaciones– sostiene que
Por Mario Wainfeld
Las voces surgen de la derecha del espectro político, en especial de sus voceros mediáticos. Pero tienen adherentes “de centro” y abarcan incluso a emisores o periodistas cercanos a la corrección política. La Argentina, sugieren, vive “escaladas de violencia” o “violencia piquetera” tout court. El “caos” campea en sus calles. Reprochan “pasividad” al Gobierno y sugieren escenarios inminentes plenos de riesgos. El espantajo de la ingobernabilidad es zarandeado como un riesgo cercano, si no se toman medidas. Esto es, si no se reprime –“dentro de la ley”, claro está– al movimiento de desocupados, cuya presencia callejera, alegan, pone en riesgo la democracia.
Asociar la gobernabilidad al acotamiento o cercenamiento de los reclamos públicos tiene su tradición desde la restauración democrática. El alfonsinismo –cuándo no– inauguró la idea de que la sobrecarga de demandas ponía en riesgo al sistema democrático, cuyo disyuntor era muy sensible a los reclamos salariales. El Frepaso hizo un mundo de aquello de ceder ante los poderes fácticos, en pos de defender un sistema vacío de contenidos.
Un sentido común instalado –hijo del miedo producido por la dictadura militar y las hiperinflaciones– sostiene que
la gobernabilidad se apuntala “por derecha”, concediendo a los poderes fácticos, a los organismos internacionales de crédito, negociando con las policías bravas y con lo peor del poder político.
Esta gobernabilidad “por derecha” fue llevada a niveles excelsos por Carlos Menem y tartamudeada por la Alianza.
Lo que la derecha y sus corifeos mediáticos le están pidiendo a Néstor Kirchner es que gobierne “como corresponde”, con la cachiporra en la mano. Aducen que así garantizará un orden básico, imprescindible para el ejercicio de las libertades reconocidas por la Constitución.
El reclamo no registra que en los últimos tres años dos gobiernos debieron acortar sus mandatos por (o tras) reprimir movilizaciones populares. Fernando de la Rúa no pudo imponer a una sociedad hastiada el temor al estado de sitio ni a las balas asesinas de la policía de Ramón Mestre. Escarmentado por el final del aliancista y jaqueado por piqueteros, ahorristas y el movimiento “que se vayan todos”, Eduardo Duhalde comprendió que debía tolerar márgenes de protesta públicas fenomenales sin reaccionar violentamente. Así lo hizo durante algunos meses, hasta que en junio de 2002 la tendencia salvaje y represora de su equipo de gobierno (él mismo incluido) le produjo una regresión a sus buenos tiempos. La policía brava, excitada desde la Rosada y aledaños, aplicó mano dura y asesinó a dos militantes piqueteros. La repulsa social fue estentórea, Duhalde la percibió: aceptó abreviar su interinato y renunciar a una eventual candidatura.
La experiencia cercana acredita que si algo genera ingobernabilidad es la represión estatal. Soportar la voz de la calle, el desafinado coro de cien voces de la calle, es una carga pesada. Pero querer acallarlo es en la Argentina actual un suicidio político. Las instituciones públicas están carcomidas por el desprestigio. El sistema político realmente existente funciona con (mejor, necesita para funcionar) un nivel de protesta muy amplio, muy jacobino.
Así son las cosas desde 2001. Aunque la derecha nativa –avara con sus dineros, dispendiosa de la sangre ajena, distraída de las enseñanzas de la historia como siempre fue– piense distinto.
Lo que la derecha y sus corifeos mediáticos le están pidiendo a Néstor Kirchner es que gobierne “como corresponde”, con la cachiporra en la mano. Aducen que así garantizará un orden básico, imprescindible para el ejercicio de las libertades reconocidas por la Constitución.
El reclamo no registra que en los últimos tres años dos gobiernos debieron acortar sus mandatos por (o tras) reprimir movilizaciones populares. Fernando de la Rúa no pudo imponer a una sociedad hastiada el temor al estado de sitio ni a las balas asesinas de la policía de Ramón Mestre. Escarmentado por el final del aliancista y jaqueado por piqueteros, ahorristas y el movimiento “que se vayan todos”, Eduardo Duhalde comprendió que debía tolerar márgenes de protesta públicas fenomenales sin reaccionar violentamente. Así lo hizo durante algunos meses, hasta que en junio de 2002 la tendencia salvaje y represora de su equipo de gobierno (él mismo incluido) le produjo una regresión a sus buenos tiempos. La policía brava, excitada desde la Rosada y aledaños, aplicó mano dura y asesinó a dos militantes piqueteros. La repulsa social fue estentórea, Duhalde la percibió: aceptó abreviar su interinato y renunciar a una eventual candidatura.
La experiencia cercana acredita que si algo genera ingobernabilidad es la represión estatal. Soportar la voz de la calle, el desafinado coro de cien voces de la calle, es una carga pesada. Pero querer acallarlo es en la Argentina actual un suicidio político. Las instituciones públicas están carcomidas por el desprestigio. El sistema político realmente existente funciona con (mejor, necesita para funcionar) un nivel de protesta muy amplio, muy jacobino.
Así son las cosas desde 2001. Aunque la derecha nativa –avara con sus dineros, dispendiosa de la sangre ajena, distraída de las enseñanzas de la historia como siempre fue– piense distinto.
En los últimos días de 2001
La historia se puede comenzar a narrar desde el 3 de diciembre de ese año, día en que el entonces ministro de economía Domingo Felipe Cavallo impuso el ‘corralito‘ financiero, medida que imposibilitaba a los ahorristas extraer sus depósitos bancarios y que produjo un profundo descontento popular.
Once días después comenzaron los primeros saqueos en supermercados de la ciudad santafesina de Rosario, fenómeno que se repitió el 18 en Entre Ríos, San Juan, Santiago del Estero, Mendoza, Santa Fe, Capital y Conurbano bonaerense.
Ante el estado de conmoción generalizado, la noche del 19 de diciembre el presidente Fernando De la Rúa decretó el estado de sitio y se produjo el primer ‘cacerolazo‘ en Plaza de Mayo.
El 19 y 20 de diciembre el conflicto social se desplegó sin contención y la violenta represión policial terminó arrojando un saldo de una treintena de muertos y centenares de heridos en las distintas protestas que se multiplicaron en todo el país.
La historia se puede comenzar a narrar desde el 3 de diciembre de ese año, día en que el entonces ministro de economía Domingo Felipe Cavallo impuso el ‘corralito‘ financiero, medida que imposibilitaba a los ahorristas extraer sus depósitos bancarios y que produjo un profundo descontento popular.
Once días después comenzaron los primeros saqueos en supermercados de la ciudad santafesina de Rosario, fenómeno que se repitió el 18 en Entre Ríos, San Juan, Santiago del Estero, Mendoza, Santa Fe, Capital y Conurbano bonaerense.
Ante el estado de conmoción generalizado, la noche del 19 de diciembre el presidente Fernando De la Rúa decretó el estado de sitio y se produjo el primer ‘cacerolazo‘ en Plaza de Mayo.
El 19 y 20 de diciembre el conflicto social se desplegó sin contención y la violenta represión policial terminó arrojando un saldo de una treintena de muertos y centenares de heridos en las distintas protestas que se multiplicaron en todo el país.
CAPITAL FEDERAL, Diciembre 20 de 2008(Agencia NOVA) Este sábado, a siete años de la crisis del 2001 que concluyó en la renuncia del entonces presidente de la Alianza Fernando De la Rúa, distintos movimientos y organizaciones sociales marcharon desde el Congreso a Plaza de Mayo en homenaje a los 38 muertos que la represión dejó como trágico saldo en todo el territorio nacional.
Un ex funcionario delarruista y un ex jefe de la Policía, a juicio oral por la represión del 2001
Lo determinó el juez federal Claudio Bonadío para Enrique Mathov y Rubén Santos. Es por los homicidios en las violentas jornadas del 20 de diciembre que desembocaron en la renuncia del gobierno de la Alianza.
El juez federal Claudio Bonadío elevó a juicio oral y público al ex secretario de Seguridad Interior durante la gestión delarruista, Enrique Mathov; al ex Jefe de la Policía Federal Rubén Santos y a dos ex altos jefes de esa fuerza de seguridad por los homicidios durante la represión a manifestantes el 20 de diciembre de 2001.
Fuentes cercanas a la investigación confirmaron a Télam que el magistrado también elevó a juicio oral y público, junto a Mathov y Santos, al ex Superintendente de Seguridad Metropolitana Raúl Andreotti y al ex Director General de Operaciones de la Federal, Norberto Gaudiero.
Pese a la reserva impuesta por el Bonadío, las fuentes confirmaron que el juez responsabilizó a los ex funcionarios de la Alianza por los presuntos delitos de "homicidio culposo, reiterado en cinco hechos", lesiones en 117 casos, violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad.
En esta causa De la Rua fue procesado por Bonadío, quien le trabó un embargo de 2.000.000 de pesos; en octubre de 2007, en una voluminosa resolución de más de 170 carillas, pero la Cámara Federal revocó esa medida y dictó la "falta de mérito" del ex presidente en abril de 2008.
En aquella oportunidad Bonadío concluyó que "del análisis de la prueba colectada resulta posible decir que el ex mandatario faltó a su deber de cuidado, al no controlar los sucesos que se desencadenaron después que firmara el decreto por el cual estableció el estado de sitio en todo el territorio de la Nación".
En la resolución se aclaró que "esa falta de control" del entonces presidente respecto del accionar de las fuerzas de seguridad "derivó en la muerte de cinco personas y lesiones de otras".
Al apelar ese procesamiento los abogados Zenón Ceballos y Jorge Kirszembaum, defensores de De la Rua, sostuvieron que "la Policía debe actuar conforme a la ley y nadie le impartió una orden de obrar de otra manera".
Los defensores del ex Jefe del Estado argumentaron que "el principio de confianza hace que la autoridad superior dé por supuesto que obrarán conforme a las normas y a las instrucciones preexistentes siempre orientadas a resguardar la seguridad de personas y bienes".
También enfatizaron que "en el plano específico estaba el Ministro del Interior (el fallecido Ramón Mestre) en quien (De la Rua) tenía delegada la función policial. No es posible, entonces, que para el Juez el Presidente de la Nación sea el único sobre quien caer, como hoy se estila, para endilgarle todos los males de ese tiempo y el siguiente", ironizaron los letrados.
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