Bajarían retenciones a la soja y el dólar seguirá en alzaEl "yuyo" se vende a mitad de precio, pero se cosecha cada vez más. El Gobierno analiza medidas para vender los 10 millones de toneladas acumulados. La economía que se viene.
08.12.2008 09:25
El cultivo de la discordia. Durante el conflicto con el campo, llegó a U$S 609 la tonelada. Hoy ronda los U$S 287 y puede bajar aún más.
La realidad del mercado agropecuario es muy distinta a la que hubo durante el conflicto con el campo, cuando los precios estaban en sus máximos históricos. Hoy todas las cotizaciones cayeron a la mitad, en parte por la crisis financiera, y esto obliga al Gobierno a adaptarse a la nueva realidad. La tonelada de soja cotiza a 287,9 dólares por tonelada, mientras que en el mercado de futuros el trigo ronda los U$S 114,7 y el maíz U$S 93 por tonelada. Esto representa caídas de más del 50% en los últimos meses, ya que los granos habían alcanzado precios máximos de U$S 609, U$S 168,2 y U$S 115,5 respectivamente, en pleno paro agrario. Con esos precios, la cosecha de soja dejará U$S 14.500 millones, la de maíz U$S 1.800 millones y la de trigo U$S 1.700 millones, lo que representa 18.000 millones de dólares en la campaña 2008/2009. El año pasado, los mismos cultivos sumaban un total de U$S 31.100 millones, según el diario Ámbito Financiero. O sea que este año el campo ganará 13.100 millones de dólares menos. Esto fue lo que motivó al Gobierno a bajar las retenciones del trigo y el maíz en cinco puntos, hasta dejarlas al 30 por ciento. Sin embargo, contra sus deseos, avanzará la sojización: este cultivo crecerá un 8% hasta el record de 50 millones de toneladas, afirmó el mismo matutino. El maíz, en cambio, sólo cosechará 16 millones de toneladas, (25% menos que el año pasado) y el trigo bajará a 10 millones (40% menos). En total se cosecharán 76 millones de toneladas de granos, contra 83,3 millones de la cosecha anterior. Con los precios actuales, si estuviera vigente el proyecto oficial de retenciones móviles que originó el conflicto agrario, la soja tendría una retención de 29 por ciento, en lugar del 35 actual, según datos de la Secretaría de Agricultura publicados por el diario Clarín. Por eso, el Gobierno analiza bajar también este tributo como lo hizo con la soja y el trigo. Las retenciones a la soja bajarían cinco puntos hasta ubicarse en el 30 por ciento, si así lo decide la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Esto ayudaría a descomprimir la situación económica: hay 10 millones de toneladas de la cosecha anterior de soja, almacenadas en silos bolsa, a la espera de que sea más conveniente vender. O sea, esperan que bajen las retenciones, vuelva a subir el precio del grano, o aumente la cotización del dólar. Precisamente, la divisa estadounidense es el otro tema que preocupa al Gobierno, ya que reconocen que la devaluación del peso es inevitable pero no quieren que además sea repentina, por el alto costo social que esto tiene sobre las clases más bajas. La cotización parece haber encontrado esta semana un piso en torno a los $3,50, y aumentaría más. El dólar se mantendrá en esa cifra hasta fin de año y podría aumentar más durante los primeros meses del año que viene, según el diario El Cronista Comercial.
Así nuestro país se pondrá a la par de otros en la región, ya que en los últimos meses Brasil devaluó un 43%, México 30%, Chile 26%, Uruguay 22% y Argentina sólo el 8%. Por la inflación, que hoy ronda el 0,4% mensual, y el aumento de precios, el tipo de cambio real estaba aún más atrasado. Menos soja, menos plata. Con la crisis financiera internacional, los fondos especuladores huyeron del mercado de las materias primas, lo que redujo dramáticamente sus precios. Todavía, sin embargo, no encontraron su piso, y podrían bajar aún más "La economía china se desacelerará y crecería 7,5% en 2009, lo que impactará en los precios de los commodities", explicó a El Cronista Marcelo Elbaum, director de Convexity Assest Management. El economista calcula que el petroleo llegará a los U$S 30 por barril y la soja a los U$S 250 por tonelada. Esto se ve reflejado en las previsiones de inversión de los bancos del exterior, como el Deutsche Bank, que creen que los precios de las materias primas seguirán bajando por el momento, aunque a largo plazo aumentarán por el crecimiento de las economías asiáticas. La baja de los precios impactará en el superávit comercial y fiscal de Argentina. Si la soja se mantiene en U$S 250 la tonelada, 90 dólares por debajo de lo estimado en el presupuesto 2009, el Estado dejará de ganar unos 1.500 millones de dólares, sólo en concepto de retenciones.En busca de negocios, Cristina viaja a Rusia
El vuelo presidencial partirá hacia Rusia a las 17; el miércoles se reunirá con Dmitri Medvedev y Vladimir Putin, con los que espera cerrar varios acuerdos; Lukoil, la petrolera rusa interesada en Repsol, podría invertir en la Argentina
Lunes 8 de diciembre de 2008 08:29 (actualizado a las 08:29)
Con la posibilidad de ampliar los negocios energéticos con el gigante europeo, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner encabezará a partir de hoy una misión comercial en Rusia.El gigante petrolero ruso Lukoil, interesado en la compra del 20% de Repsol YPF, podría poner ahora un pie en la Argentina. La empresa rusa apelará a la visita de la Presidenta para desembarcar en Buenos Aires.
La visita de Cristina Kirchner podría desembocar en la firma de un convenio por la compra de gas y petróleo por parte de la Casa Rosada, y en la posibilidad de comenzar a realizar exploraciones off shore de los rusos en la Argentina.
El vuelo presidencial partirá hacia Rusia a las 17 desde Ezeiza, y al llegar a Moscú, mañana, la Jefa de Estado participará de la clausura del seminario Oportunidades de Comercio, inversiones y negocios entre Argentina y Rusia, en el hotel Metropol.
Las rondas de negocios en Moscú se iniciarán hoy, ya que funcionarios de la Cancillería y un centenar de empresarios ya se encuentran en la capital rusa. También mañana, Cristina tiene previsto participar de un cocktail en el Hotel Ritz, donde expondrá antes los empresarios de ambos países.
Ofrenda. El miércoles, a las 11.30 hora local, la Presidenta entregará, según la agencia oficial Télam, una ofrenda floral al soldado desconocido, que está situado a la vuelta de la Plaza Roja, sobre la muralla del Kremlin.A las 11.55 la Jefa de Estado ingresará al Kremlin y allí será recibida por el Presidente de la Federacion Rusa, Dmitri Medvedev, en un salón contiguo al Salón Verde, donde a las 12 comenzará la reunión, y se harán las fotos protocolares.
Luego se realizará una reunión ampliada, de la que participarán ministros, y a continuación en otro salón se realizará la firma de documentos que finalizará con palabras de Medvedev y de la mandataria argentina.
Tras esa actividad, ambos presidentes compartirán un almuerzo en el Jardín de Invierno. Finalmente, a las 17, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner mantendrá una reunión con el Primer Ministro ruso Valdimir Putin, en lugar a confirmar.
Acompañarán a la presidenta el titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), Juan Carlos Lascurain; de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), Carlos de la Vega; el titular de Aeropuertos Argentina 2000, Eduardo Eurnekian; y Carlos Bulgheroni, de Bridas.
El escenario. Nuevos negocios para tener más poder
Carlos Pagni Para LA NACION
Lunes 8 de diciembre de 2008 Publicado en edición impresa
Carlos Pagni Para LA NACION
Lunes 8 de diciembre de 2008 Publicado en edición impresa
La visita a Rusia, aunque brevísima, podría ser para Cristina Kirchner un viaje a las entrañas del modelo político que su esposo viene construyendo desde 2003. No sólo porque la sociedad entre Vladimir Putin y Dimitri Medvedev se parece mucho a la de ella con Néstor Kirchner. Tampoco porque el unitarismo ruso es tan extremo que a los gobernadores ya no los eligen sus comprovincianos, sino el Kremlin. El rasgo más familiar es que en Moscú domina, a escala monumental, una concepción de la vida pública similar a la que prevalece en Olivos.
Kirchner, igual que Putin, supone que el poder sólo se vuelve consistente cuando se extiende a la esfera de los negocios. En el santacruceño, mucho más que en su arquetipo ruso, esto no implica el fortalecimiento del Estado, sino
la formación de una red empresarial que reconoce, o promete reconocer, su liderazgo político.
Por lo menos. En estos días varios mercados están siendo capturados por esa red.
Uno de ellos es el de los bingos de la provincia de Buenos Aires. Felipe Solá acaba de revelar que, cuando era gobernador, Kirchner le indicó que no se metiera con el juego. A Daniel Scioli le habría ordenado lo contrario.
Uno de ellos es el de los bingos de la provincia de Buenos Aires. Felipe Solá acaba de revelar que, cuando era gobernador, Kirchner le indicó que no se metiera con el juego. A Daniel Scioli le habría ordenado lo contrario.
Scioli pidió a sus diputados que traten sobre tablas, el 18 de este mes, junto con el presupuesto, una ley que revolucionará la explotación del juego.
El proyecto, entre otras cosas, extiende el permiso para la instalación de bingos a ocho nuevos municipios; elimina un tope para el número de máquinas tragamonedas instaladas en esas salas, convertidas en casinos; esa cantidad la fijará Lotería de la Provincia; permite el traslado de establecimientos; inaugura las apuestas deportivas online , y cancela la proporción entre cantidad de trabajadores y lugares para apostar, lo que quita estímulos al empleo pero impedirá litigios laborales a quienes trasladen sus empresas dentro de la provincia.
La reforma está hecha a la medida de los intereses de Cristóbal López, titular de Casino Club, acaso el empresario más cercano a Néstor Kirchner (sobre todo si, como afirman algunos funcionarios, Lázaro Báez cayó en desgracia).
López, que controla el casino de Palermo y el 50% de los dos barcos de la Costanera Sur, podrá en adelante, si quiere, ingresar en la provincia sin desplazar a nadie. También estará en condiciones de convertirse en pionero de las apuestas deportivas por computadora.
Sin embargo, sería una injusticia señalar a este vecino de Rada Tilly como el único beneficiario del nuevo sistema. A pesar de su amistad con Kirchner, López debió pagar su ingreso en el territorio bonaerense ampliando el negocio de quienes ya estaban asentados allí: todos los bingos aumentarán ahora sus ingresos de manera significativa. Los alcances de este pacto todavía son inciertos.
¿Resignará Antonio Tabanelli, dueño de Boldt, el monopolio de 150 kilómetros a la redonda de su casino de Tigre, que le concedió Eduardo Duhalde? La pregunta es crucial, ya que López sueña con instalarse en San Isidro y en Vicente López. La negociación no se completará sin otro capítulo: la dimensión más rentable del juego ha comenzado a ser la de apuestas por Internet. ¿Quién se quedará con ese rubro? Una pista: los mejores ingresos de Tabanelli no provienen de la sala de Tigre, sino de la administración de las apuestas online , cuya concesión vence el año próximo. A López y a Tabanelli los esperan todavía muchos acuerdos.
Esta reforma sobre el juego promete ser tan escandalosa que los diputados del Frente para la Victoria han exigido que sea Scioli el encargado de presentar el proyecto. El gobernador apelará a una obviedad: lo que se recaude se destinará a la niñez desamparada.
La reforma está hecha a la medida de los intereses de Cristóbal López, titular de Casino Club, acaso el empresario más cercano a Néstor Kirchner (sobre todo si, como afirman algunos funcionarios, Lázaro Báez cayó en desgracia).
López, que controla el casino de Palermo y el 50% de los dos barcos de la Costanera Sur, podrá en adelante, si quiere, ingresar en la provincia sin desplazar a nadie. También estará en condiciones de convertirse en pionero de las apuestas deportivas por computadora.
Sin embargo, sería una injusticia señalar a este vecino de Rada Tilly como el único beneficiario del nuevo sistema. A pesar de su amistad con Kirchner, López debió pagar su ingreso en el territorio bonaerense ampliando el negocio de quienes ya estaban asentados allí: todos los bingos aumentarán ahora sus ingresos de manera significativa. Los alcances de este pacto todavía son inciertos.
¿Resignará Antonio Tabanelli, dueño de Boldt, el monopolio de 150 kilómetros a la redonda de su casino de Tigre, que le concedió Eduardo Duhalde? La pregunta es crucial, ya que López sueña con instalarse en San Isidro y en Vicente López. La negociación no se completará sin otro capítulo: la dimensión más rentable del juego ha comenzado a ser la de apuestas por Internet. ¿Quién se quedará con ese rubro? Una pista: los mejores ingresos de Tabanelli no provienen de la sala de Tigre, sino de la administración de las apuestas online , cuya concesión vence el año próximo. A López y a Tabanelli los esperan todavía muchos acuerdos.
Esta reforma sobre el juego promete ser tan escandalosa que los diputados del Frente para la Victoria han exigido que sea Scioli el encargado de presentar el proyecto. El gobernador apelará a una obviedad: lo que se recaude se destinará a la niñez desamparada.
"En la Argentina la distribución del ingreso no deja de mejorar"
El futuro de Edelap. Otra transacción que se resolverá en estos días, tal vez la de mayores consecuencias internacionales, es el cambio de manos de Edelap, la distribuidora de electricidad del Gran La Plata. La compañía está en manos de la norteamericana AES. Ni el Ministerio de Planificación ni el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), que regula a las concesionarias, se pronunciaron sobre el conflicto. Pero la agencia oficial Télam, basada en fuentes anónimas, informó que se había detectado una irregularidad por la cual AES "compró un crédito que era de Edelap en condiciones beneficiosas para el grupo y no desobligó a Edelap; mediante esta maniobra se transfiere rentabilidad de Edelap en beneficio de AES, su controlante, y de otras empresas del grupo".
Julio De Vido convocó a su despacho al embajador de los Estados Unidos, Anthony Wayne, para denunciar el hecho. Wayne viajó a Washington, donde le preguntarán por AES -empresa muy vinculada al Partido Demócrata, sobre todo a los Clinton- y por el blanqueo de capitales que promueven los Kirchner.
Como sucedió con Aerolíneas Argentinas y con las AFJP, los concesionarios privados intentan justificar sus reprochables manejos financieros en la restricción tarifaria con que los ahoga el Estado.
Es una pena que AES olvidara denunciar ese torniquete cada vez que financió esos seminarios del Council of the Americas, a cargo de Susan Segal, donde se proclama que el capitalismo en la Argentina anda a las mil maravillas.
AES debe poner a salvo de De Vido su principal fuente de ingresos locales, que es la generación de energía. Tal vez por esa labilidad ya encomendó a un banco internacional la venta de Edelap. Sería un trámite convencional si no circulara, con mucha insistencia, una versión acerca de que la distribuidora ya tendría designados sus nuevos dueños: Electroingeniería, de Gerardo Luis Ferreira -antiguo compañero de celda del secretario legal y técnico, Carlos Zannini- y el sindicato de Luz y Fuerza.
Julio De Vido convocó a su despacho al embajador de los Estados Unidos, Anthony Wayne, para denunciar el hecho. Wayne viajó a Washington, donde le preguntarán por AES -empresa muy vinculada al Partido Demócrata, sobre todo a los Clinton- y por el blanqueo de capitales que promueven los Kirchner.
Como sucedió con Aerolíneas Argentinas y con las AFJP, los concesionarios privados intentan justificar sus reprochables manejos financieros en la restricción tarifaria con que los ahoga el Estado.
Es una pena que AES olvidara denunciar ese torniquete cada vez que financió esos seminarios del Council of the Americas, a cargo de Susan Segal, donde se proclama que el capitalismo en la Argentina anda a las mil maravillas.
AES debe poner a salvo de De Vido su principal fuente de ingresos locales, que es la generación de energía. Tal vez por esa labilidad ya encomendó a un banco internacional la venta de Edelap. Sería un trámite convencional si no circulara, con mucha insistencia, una versión acerca de que la distribuidora ya tendría designados sus nuevos dueños: Electroingeniería, de Gerardo Luis Ferreira -antiguo compañero de celda del secretario legal y técnico, Carlos Zannini- y el sindicato de Luz y Fuerza.
Pasaportes y DNI. El otro negocio estratégico que debe definirse en estas horas es el de la impresión de pasaportes y cédulas de identidad, que será la antesala de una nueva licitación para la confección de los DNI. La información oficial consigna que la controvertida Ciccone Calcográfica ha renovado por cinco años la concesión que ya disfrutaba.
Aníbal Fernández se cansó de despotricar contra las prestaciones de esta compañía. Sobre todo cuando defendió que los pasaportes debían ser confeccionados por la Casa de Moneda, empresa estatal que hace pocos días se olvidó de formular su oferta económica en una licitación sobre DNI. Gracias a esa distracción se impuso Megatrans, de Graciela de la Fuente, con grandes negocios en Quilmes.
En Aeropuertos Argentina 2000, de Eduardo Eurnekian, niegan esa posibilidad. También desconocen otra variante: que en Ciccone hayan entrado David Martínez y su fondo Fintech. No es el único campo en el que Eurnekian se confunde con Martínez. A ambos se los menciona como aspirantes a reemplazar en Telecom, en un par de semanas, a Gerardo Werthein, cuyo cumpleaños, hace dos sábados, parecía una asamblea de la asociación de magistrados.
El balance que faltará
Por Eduardo Aliverti
Debe hacerse un esfuerzo bastante grande para encontrar noticias más desconectadas entre sí que el fallo de la Corte contrario a la liberación de menores y el despido de Romina Picolotti. Sin embargo, hay un conector. Simbólico, si se quiere. Pero conector al fin.
La sentencia de los supremos provocó el entusiasmo de la derecha, en forma unánime, y la sorpresa unida a disgusto de los sectores progresistas. Aunque, bien mirado (no tanto por el fallo en sí, bien que también, sino a través de las declaraciones periodísticas de algunos de los miembros del tribunal), lo señalado por la Corte es que a los pibes debe dejárselos adentro porque afuera las condiciones sociales son, para ellos, mucho peores que la cárcel. Y nadie se animaría a desmentir que esas condiciones las creó la derecha y no la izquierda, precisamente. Desde ya, poco les importa eso a los núcleos reaccionarios, que se preocupan por las consecuencias de las cosas sólo una vez que las produjeron. Con otra expresión, tal vez algo simplista pero difícil de refutar, se diría que la Corte sentenció por derecha con argumentos de izquierda. Y por allí puede comenzar a observarse un aspecto del fallo sobre el que poco se ha dicho.
La extrañeza generada por el veredicto se origina en que estos jueces –y algunos de ellos muy en particular– tienen imagen y/o antecedentes de garantistas (palabra que en la atmósfera mediática quedó como la de mejor perfil para diferenciarse de los partidarios de la mano dura). ¿Qué pudo haberlos llevado a un fallo de esta naturaleza, que, al margen de sus implicancias políticas, aparece como marcadamente contradictorio? ¿Cómo puede ser que la Justicia deba consistir en dejar a los menores en situación infrahumana para protegerlos de la violencia? Puede ser, en primer lugar, porque todos los poderes del Estado se lavan las manos respecto del escenario que reproduce el clima de marginación y delito. Estos pibes son intrínsecos al sistema de exclusión, y no hay dónde mandarlos. O los mata el encierro humillante o los mata la calle, bajo el gatillo fácil de la policía o de algún Rambo urbano. Es la forma en que el poder resuelve, o cree resolver, los efectos de su salvajismo, con el aval de una burguesía asustada que en definitiva escupe contra el viento y crecientemente atrincherada en esos ridículos medios de seguridad que demuestran, una y otra vez, no servir para nada. La Corte, al fin y al cabo, dice que es impotente contra la ley de la selva y que son los demás quienes deben modificarla. Se comparta o no ese criterio, es imposible no preguntarse por la influencia ejercida en este fallo desde la prédica comunicacional cotidiana, incansable, virulenta, que se pretende simple espejo de lo que ocurre mientras alienta todos los valores de mierda capaces de asentar y multiplicar la injusticia social: la exuberancia de riqueza, el consumismo desaforado, la frivolidad analítica, la violencia como show bien pagado por el rating y, después, que alguien venga a salvarnos de todos los que quedan afuera para mirarla con la ñata contra el vidrio y sed de revancha. ¿Pudieron los jueces permanecer ajenos a esa fenomenología de pensamiento barato que, para el caso, se contenta con exigir la baja de la edad imputable, leyes más duras e instrumentos de represión incrementados? Herramientas fracasadas, todas, aquí y en el mundo entero. No importa. La gente quiere eso y los medios venden con eso. Y la derecha se asombra gratamente por el fallo de la Corte, porque dice que dejó de lado factores ideológicos y tomó nota de la realidad. Son los mismos que luego hablan de calidad institucional y promueven la necesidad de una Justicia independiente, desprendida de agentes emocionales condicionantes.
En el turno de la secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, la prensa adjudicó su partida a dos motivos centrales: ser una de las viudas de Alberto Fernández e incurrir en graves irregularidades de gestión, presuntas corruptelas incluidas. El primer dato es formalmente correcto, y el segundo susceptible de comprobación. Y también es cierto que su nombramiento tuvo que ver, antes que nada, con un golpe efectista de los K, cuando adherir a la protesta de los vecinos de Gualeguaychú anclaba en el apoyo popular. Acabada esa corriente de simpatía, Picolotti siguió más bien por inercia. Pero su verdadero ingreso en desgracia, capacidad como funcionaria aparte, se registra cuando osa inmiscuirse en las probables andanzas contaminantes de Papel Prensa. La empresa tiene el virtual monopolio de la producción del papel para diarios y sus accionistas mayoritarios son Clarín y La Nación. Hacia mediados de año, la Presidenta admitió que el embate periodístico contra la secretaria se debía a su afán de inspección a la planta de San Pedro, que descarga sus desperdicios en el río Baradero y que, de avanzar la causa judicial, podría ser obligada –tal como también admitió Cristina Fernández– a una inversión de 10 millones de dólares. En efecto, Picolotti fue despedazada por la sensible prensa independiente que tanto se preocupa por el bienestar general de la ciudadanía. Sólo que hasta hace unos meses parecía contar con el aval presidencial. Y ahora le soltaron la mano. Los motivos que hayan conducido a ello quizá se justifiquen. La casi unánime ignorancia mediática acerca del proceso por contaminación contra una de las compañías de los dos diarios más importantes del país... ya es un poquito más difícil.
Este miércoles se cumplen los 25 años del retorno democrático. Son los mismos años que lleva la imposibilidad –la decisión política, es decir– de sancionar una ley de radio y televisión que reemplace a la vigente, que data de 1980. Junto con la ley de entidades financieras, impulsada por Martínez de Hoz en 1977 y que también subsiste, su continuación es, en lo institucional, la herencia más bochornosa de la dictadura. Desde 1983, algunos contenidos fueron derogados pero entre ellos se cuentan también los que, durante el menemato, permitieron la concentración de medios, más tarde de multimedios y ahora de megacorporaciones, con un grado de impudicia que prácticamente no reconoce antecedentes mundiales. Que este instrumento vergonzoso cumpla sus bodas de plata, junto con el retorno del estado de derecho, acerca una justa idea del tamaño fenomenal que tuvieron las presiones de los grandes grupos mediáticos para impedir su sustitución. No es que no se supo. No se pudo porque no se quiso dotar al espectro radiotelevisivo de un andamiaje legal que promoviese su democratización. Como no se cansaba de reiterarlo Nicolás Casullo, los medios son hoy el gran partido de la derecha y continuará siendo así. A menos que, para lo que a esta altura sería una sorpresa mayúscula, el Gobierno se decida a descongelar el proyecto de una nueva ley –ya terminado en sus objetivos centrales– y lo lance al Congreso en un año electoral.
Aníbal Fernández se cansó de despotricar contra las prestaciones de esta compañía. Sobre todo cuando defendió que los pasaportes debían ser confeccionados por la Casa de Moneda, empresa estatal que hace pocos días se olvidó de formular su oferta económica en una licitación sobre DNI. Gracias a esa distracción se impuso Megatrans, de Graciela de la Fuente, con grandes negocios en Quilmes.
Es raro que Fernández no renuncie ante la renovación del contrato de Ciccone.Salvo que la empresa tenga, como insisten en el mercado, un nuevo dueño. El propio Ciccone habría hablado de más con un amigo al que le confesó, según una versión muy fidedigna: "Me tuve que entregar a Eurnekian para que me arreglaran todos los problemas".
En Aeropuertos Argentina 2000, de Eduardo Eurnekian, niegan esa posibilidad. También desconocen otra variante: que en Ciccone hayan entrado David Martínez y su fondo Fintech. No es el único campo en el que Eurnekian se confunde con Martínez. A ambos se los menciona como aspirantes a reemplazar en Telecom, en un par de semanas, a Gerardo Werthein, cuyo cumpleaños, hace dos sábados, parecía una asamblea de la asociación de magistrados.
El balance que faltará
Por Eduardo Aliverti
Debe hacerse un esfuerzo bastante grande para encontrar noticias más desconectadas entre sí que el fallo de la Corte contrario a la liberación de menores y el despido de Romina Picolotti. Sin embargo, hay un conector. Simbólico, si se quiere. Pero conector al fin.
La sentencia de los supremos provocó el entusiasmo de la derecha, en forma unánime, y la sorpresa unida a disgusto de los sectores progresistas. Aunque, bien mirado (no tanto por el fallo en sí, bien que también, sino a través de las declaraciones periodísticas de algunos de los miembros del tribunal), lo señalado por la Corte es que a los pibes debe dejárselos adentro porque afuera las condiciones sociales son, para ellos, mucho peores que la cárcel. Y nadie se animaría a desmentir que esas condiciones las creó la derecha y no la izquierda, precisamente. Desde ya, poco les importa eso a los núcleos reaccionarios, que se preocupan por las consecuencias de las cosas sólo una vez que las produjeron. Con otra expresión, tal vez algo simplista pero difícil de refutar, se diría que la Corte sentenció por derecha con argumentos de izquierda. Y por allí puede comenzar a observarse un aspecto del fallo sobre el que poco se ha dicho.
La extrañeza generada por el veredicto se origina en que estos jueces –y algunos de ellos muy en particular– tienen imagen y/o antecedentes de garantistas (palabra que en la atmósfera mediática quedó como la de mejor perfil para diferenciarse de los partidarios de la mano dura). ¿Qué pudo haberlos llevado a un fallo de esta naturaleza, que, al margen de sus implicancias políticas, aparece como marcadamente contradictorio? ¿Cómo puede ser que la Justicia deba consistir en dejar a los menores en situación infrahumana para protegerlos de la violencia? Puede ser, en primer lugar, porque todos los poderes del Estado se lavan las manos respecto del escenario que reproduce el clima de marginación y delito. Estos pibes son intrínsecos al sistema de exclusión, y no hay dónde mandarlos. O los mata el encierro humillante o los mata la calle, bajo el gatillo fácil de la policía o de algún Rambo urbano. Es la forma en que el poder resuelve, o cree resolver, los efectos de su salvajismo, con el aval de una burguesía asustada que en definitiva escupe contra el viento y crecientemente atrincherada en esos ridículos medios de seguridad que demuestran, una y otra vez, no servir para nada. La Corte, al fin y al cabo, dice que es impotente contra la ley de la selva y que son los demás quienes deben modificarla. Se comparta o no ese criterio, es imposible no preguntarse por la influencia ejercida en este fallo desde la prédica comunicacional cotidiana, incansable, virulenta, que se pretende simple espejo de lo que ocurre mientras alienta todos los valores de mierda capaces de asentar y multiplicar la injusticia social: la exuberancia de riqueza, el consumismo desaforado, la frivolidad analítica, la violencia como show bien pagado por el rating y, después, que alguien venga a salvarnos de todos los que quedan afuera para mirarla con la ñata contra el vidrio y sed de revancha. ¿Pudieron los jueces permanecer ajenos a esa fenomenología de pensamiento barato que, para el caso, se contenta con exigir la baja de la edad imputable, leyes más duras e instrumentos de represión incrementados? Herramientas fracasadas, todas, aquí y en el mundo entero. No importa. La gente quiere eso y los medios venden con eso. Y la derecha se asombra gratamente por el fallo de la Corte, porque dice que dejó de lado factores ideológicos y tomó nota de la realidad. Son los mismos que luego hablan de calidad institucional y promueven la necesidad de una Justicia independiente, desprendida de agentes emocionales condicionantes.
En el turno de la secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, la prensa adjudicó su partida a dos motivos centrales: ser una de las viudas de Alberto Fernández e incurrir en graves irregularidades de gestión, presuntas corruptelas incluidas. El primer dato es formalmente correcto, y el segundo susceptible de comprobación. Y también es cierto que su nombramiento tuvo que ver, antes que nada, con un golpe efectista de los K, cuando adherir a la protesta de los vecinos de Gualeguaychú anclaba en el apoyo popular. Acabada esa corriente de simpatía, Picolotti siguió más bien por inercia. Pero su verdadero ingreso en desgracia, capacidad como funcionaria aparte, se registra cuando osa inmiscuirse en las probables andanzas contaminantes de Papel Prensa. La empresa tiene el virtual monopolio de la producción del papel para diarios y sus accionistas mayoritarios son Clarín y La Nación. Hacia mediados de año, la Presidenta admitió que el embate periodístico contra la secretaria se debía a su afán de inspección a la planta de San Pedro, que descarga sus desperdicios en el río Baradero y que, de avanzar la causa judicial, podría ser obligada –tal como también admitió Cristina Fernández– a una inversión de 10 millones de dólares. En efecto, Picolotti fue despedazada por la sensible prensa independiente que tanto se preocupa por el bienestar general de la ciudadanía. Sólo que hasta hace unos meses parecía contar con el aval presidencial. Y ahora le soltaron la mano. Los motivos que hayan conducido a ello quizá se justifiquen. La casi unánime ignorancia mediática acerca del proceso por contaminación contra una de las compañías de los dos diarios más importantes del país... ya es un poquito más difícil.
Este miércoles se cumplen los 25 años del retorno democrático. Son los mismos años que lleva la imposibilidad –la decisión política, es decir– de sancionar una ley de radio y televisión que reemplace a la vigente, que data de 1980. Junto con la ley de entidades financieras, impulsada por Martínez de Hoz en 1977 y que también subsiste, su continuación es, en lo institucional, la herencia más bochornosa de la dictadura. Desde 1983, algunos contenidos fueron derogados pero entre ellos se cuentan también los que, durante el menemato, permitieron la concentración de medios, más tarde de multimedios y ahora de megacorporaciones, con un grado de impudicia que prácticamente no reconoce antecedentes mundiales. Que este instrumento vergonzoso cumpla sus bodas de plata, junto con el retorno del estado de derecho, acerca una justa idea del tamaño fenomenal que tuvieron las presiones de los grandes grupos mediáticos para impedir su sustitución. No es que no se supo. No se pudo porque no se quiso dotar al espectro radiotelevisivo de un andamiaje legal que promoviese su democratización. Como no se cansaba de reiterarlo Nicolás Casullo, los medios son hoy el gran partido de la derecha y continuará siendo así. A menos que, para lo que a esta altura sería una sorpresa mayúscula, el Gobierno se decida a descongelar el proyecto de una nueva ley –ya terminado en sus objetivos centrales– y lo lance al Congreso en un año electoral.
También viajarán Matías Kulfas, del Banco Nación; Ezequiel Espinosa de Enarsa; Juan Carlos López Mena, de Buquebus; y Daniel Millaci, de la Confederación General de Económica de la República Argentina (CGERA), entre otros.
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