El gobernador Scioli tiene respuestas fáciles y sin costo para la crisis. Se trata de medidas de nula eficacia y segura inconstitucionalidad adoptadas con el discurso publicitario de la seguridad contra una clase de personas sin derechos, a quienes se define como enemigos. Lo mismo hace Jaque en Mendoza, en competencia con el vicepresidente, Julio Cobos, y con los conservadores colaboracionistas de la dictadura. El estado de derecho bajo asedio.
Por Horacio Verbitsky
Mientras el gobierno nacional anuncia cada día nuevas medidas para atemperar el impacto sobre la producción y el empleo de la crisis originada en la economía global, cuyos primeros efectos producen inseguridad social, los gobernadores de Buenos Aires y Mendoza, Daniel Scioli y Celso Jaque, han iniciado sus respectivas campañas para las elecciones legislativas del año próximo con leyes, decisiones administrativas y anuncios sobre un aspecto emergente de ese malestar. En ambos casos se trata de medidas de nula eficacia y segura inconstitucionalidad. Las palabras escritas en los discursos o en las leyes son de producción fácil y bajo costo, aunque de gravosas consecuencias. En ambas provincias las medidas impulsadas por los respectivos gobiernos, pero en Mendoza también auspiciadas por la oposición cleta, contradicen políticas del gobierno nacional y resoluciones del sistema interamericano de derechos humanos.
Scioli y Jaque coinciden hasta en el lenguaje caricaturesco que emplean: con entonación bélica ambos dicen que están en lucha con “el enemigo”. En la provincia de Buenos Aires compiten en desatinadas propuestas represivas los ministros de Seguridad, Carlos Stornelli, y de Justicia, Ricardo Casal. En Mendoza esa misma pugna destructiva del estado de derecho enfrenta a Jaque y al vicepresidente Julio Cobos, ambos vigilados por el conservador Partido Demócrata, la única derecha que osa decir su nombre y cuyas principales figuras participaron en la añorada dictadura militar. Según el ex Fiscal de Estado y ahora legislador demócrata Aldo Giordano, la Constitucion está embarazada de los tratados de derechos humanos, terapia que irrita a los nostálgicos de la violación fascista. Buenos Aires y Mendoza son las dos provincias con el peor record policial en los 25 años transcurridos desde la finalización de la dictadura militar, con mayor número de casos de gatillo fácil, desaparición de personas y maltratos carcelarios. 
En Mendoza se aplica la pena de muerte por electrocución. Así murió en su celda hace tres semanas un muchacho de veinte años, Leonardo Palacio Méndez, condenado a prisión perpetua por el asesinato de la señora Laura Abonassar en presencia de su hijita, un caso que conmovió a la provincia. Después que él murieron en la cárcel de Cacheuta Carlos Alberto Montenegro y en el complejo San Felipe de Boulogne sur Mer Diego Sánchez. Según la versión oficial ambos se suicidaron. Una delegación legislativa que visitó el penal de Almafuerte dijo que la mayor parte de los internos no realizan actividades resocializadoras por falta de guardiárceles. Pasan hasta 23 horas por día en sus celdas.
Por Horacio Verbitsky
Mientras el gobierno nacional anuncia cada día nuevas medidas para atemperar el impacto sobre la producción y el empleo de la crisis originada en la economía global, cuyos primeros efectos producen inseguridad social, los gobernadores de Buenos Aires y Mendoza, Daniel Scioli y Celso Jaque, han iniciado sus respectivas campañas para las elecciones legislativas del año próximo con leyes, decisiones administrativas y anuncios sobre un aspecto emergente de ese malestar. En ambos casos se trata de medidas de nula eficacia y segura inconstitucionalidad. Las palabras escritas en los discursos o en las leyes son de producción fácil y bajo costo, aunque de gravosas consecuencias. En ambas provincias las medidas impulsadas por los respectivos gobiernos, pero en Mendoza también auspiciadas por la oposición cleta, contradicen políticas del gobierno nacional y resoluciones del sistema interamericano de derechos humanos.
Scioli y Jaque coinciden hasta en el lenguaje caricaturesco que emplean: con entonación bélica ambos dicen que están en lucha con “el enemigo”. En la provincia de Buenos Aires compiten en desatinadas propuestas represivas los ministros de Seguridad, Carlos Stornelli, y de Justicia, Ricardo Casal. En Mendoza esa misma pugna destructiva del estado de derecho enfrenta a Jaque y al vicepresidente Julio Cobos, ambos vigilados por el conservador Partido Demócrata, la única derecha que osa decir su nombre y cuyas principales figuras participaron en la añorada dictadura militar. Según el ex Fiscal de Estado y ahora legislador demócrata Aldo Giordano, la Constitucion está embarazada de los tratados de derechos humanos, terapia que irrita a los nostálgicos de la violación fascista. Buenos Aires y Mendoza son las dos provincias con el peor record policial en los 25 años transcurridos desde la finalización de la dictadura militar, con mayor número de casos de gatillo fácil, desaparición de personas y maltratos carcelarios. 
En Mendoza se aplica la pena de muerte por electrocución. Así murió en su celda hace tres semanas un muchacho de veinte años, Leonardo Palacio Méndez, condenado a prisión perpetua por el asesinato de la señora Laura Abonassar en presencia de su hijita, un caso que conmovió a la provincia. Después que él murieron en la cárcel de Cacheuta Carlos Alberto Montenegro y en el complejo San Felipe de Boulogne sur Mer Diego Sánchez. Según la versión oficial ambos se suicidaron. Una delegación legislativa que visitó el penal de Almafuerte dijo que la mayor parte de los internos no realizan actividades resocializadoras por falta de guardiárceles. Pasan hasta 23 horas por día en sus celdas. 
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