.

jueves, 16 de junio de 2011

La caja alegre: Nadie fue. Nadie vio. Nadie controló nada.

“Hay que hacer casas, casas, casas en todas partes”, decía Hebe de Bonafini cuando Cristina Kirchner participó de la inauguración el 10 de febrero. Schoklender estaba debajo del escenario. La Presidenta elogió el proyecto. Las bautizó “las casas que caminan”

El canciller Héctor Timerman firmó un convenio con la Fundación para promocionar el programa Sueños Compartidos en el exterior. La oposición pide ahora que se suspenda ese acuerdo.
Entonces, el canciller explicó -según la gacetilla de "Sueños Compartidos"-: “A la Argentina le sirve; porque muestra que, lo que se hace adentro, también se puede hacer afuera.

Debemos dejar de hablar de Schoklender y en cambio preguntarnos, ¿por qué el gobierno le dio semejante suma de dinero a un organismo sin control?, ¿Quién o quiénes son los cómplices de Schocklender dentro del gobierno? Es evidente que no actuó solo. Nadie del gobierno le daría semejante suma sin control a la fundación y con evidencias tan claras de la estafa que se estaba realizando con los altísimos costos de construcción de las viviendas que realizaban, como lo expresó la ex ministra Felisa Miceli en su informe del año 2007. Todo indica que detrás de estos sobre precios habría escandalosas cifras de “retornos” a funcionarios del gobierno que en parte habrían ido a financiar campañas oficiales.

En la ruta de los $ 1.300 millones se evadieron todos los controles
16-06-11 00:00
Analía Argento Editora de Política y Opinión
El destino de los $ 765 millones que recibió la Fundación Sueños Compartidos intenta ser presentado como un delito del orden “privado”. De hecho apenas asumió la defensa de Sergio Schoklender, ex apoderado de la Fundación de Madres Plaza de Mayo, el abogado Adrián Tenca argumentó que una vez que el dinero público ingresa a una organización privada pierde su carácter público. Dijo también que Schoklender no es un funcionario y por lo tanto no tiene que demostrar cómo hizo su fortuna.
Sin embargo no es cierto que por tratarse de una entidad privada no deban intervenir los organismos de control ni auditarse hasta el último peso. La Ley 24.156 regula la administración financiera y los sistemas de control del sector público nacional. Se dispone en el artículo 8 que “serán aplicables las normas de esta ley, en lo relativo a la rendición de cuentas de las organizaciones privadas a las que se hayan acordado subsidios o aportes” –este es el caso– y también “a las instituciones o fondos cuya administración, guarda o conservación está a cargo del Estado nacional a través de sus Jurisdicciones o Entidades”.
Según esta ley competen como órganos de control interno del Estado responsabilidades a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y como órgano externo, a la Auditoría General de la Nación (AGN) que depende del Congreso de la Nación.
Pero además, deben ejercer el control del dinero público aportado “las unidades de auditoría interna que serán creadas en cada jurisdicción y en las entidades que dependan del Poder Ejecutivo Nacional”. Estas unidades dependen, jerárquicamente, de la autoridad superior de cada organismo y actúan coordinadas técnicamente por la Sindicatura General. Entonces, además de la SIGEN y de la AGN, cada Ministerio que dispuso fondos y recursos para la Fundación presidida por Hebe de Bonafini debió haber advertido algo en la auditoría de cada año. Por lo menos le cabe el sayo al Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. En el Ministerio de Trabajo en cambio dicen que nunca giraron fondos y que los seguros de capacitación y empleo a la gente que trabajó para la Fundación de Madres pasaron siempre por esa cartera. También colaboró con la entidad el Ministerio de Desarrollo Social.
Pero además, no hubo hasta ahora sanción de la AFIP por el incumplimiento del pago de aportes a empleados tal como dispone la Ley Penal Tributaria. Y el Banco Central de la República Argentina también intenta explicar qué pasó con los cheques rechazados. Un paso más allá, también debería volver a explicar un juez de la Nación: Claudio Bonadío, quien a principio de este año cerró una causa al respecto.
Parece imposible que haya tantos en la lista con mirada laxa sobre los $ 1.300 millones que estaban disponibles para la construcción de viviendas que además se hicieron por contratación directa, algo que para tales cifras tiene prohibido el Estado Nacional.
Para que se entienda: el envío de fondos a la Fundación permitió eludir las reglas básicas para adjudicar la construcción de viviendas y hospitales como son las licitaciones públicas, mecanismo que no sólo garantiza mejores precios sino también, transparencia. Por acción u omisión, la lista de los que participaron del juego del gran bonete es extensa: Unidad de Auditoría Interna por lo menos de un Ministerio, SIGEN, AGN –organismo que varias veces exigió información al Gobierno sobre otros temas a los que nunca accedió– y la AFIP. También la Unidad de Investigaciones Financieras cuyo titular José Sbatella admitió que tardó un año en tener elementos para ir a la Justicia y casualmente los tuvo cuando el escándalo salió en los medios y coincidentemente cuando acababa, por fin, de aprobarse en el Congreso la Ley contra el Lavado de Dinero, delito que está entre los investigados en el caso.
También pudo haber advertido alguna irregularidad la Inspección General de Justicia –organismo que debe auditar a las fundaciones que reciben dinero del Estado–, el Banco Central y hasta la Justicia Federal, aunque en este caso se trate de otro poder del Estado.
Pero el cuento del gran bonete no termina ahí. Municipios y gobiernos provinciales que actuaron como intermediarios hacen malabares por despegar del entuerto. El primero fue el gobierno de Daniel Scioli que oportunamente apenas estalló el escándalo reveló a través del Boletín Oficial bonaerense que la empresa Meldorek S.A. –constructora contratada por Madres– es propiedad de Sergio Schoklender, hecho que él, como apoderado, negaba.
El “Schoklendergate” podría ser la punta del iceberg sobre la discrecionalidad y desmanejos de los fondos destinados a la obra pública en Argentina.
Evidentemente y hasta por las revelaciones de la propia Bonafini, en cinco años que lleva funcionando la Fundación, no han faltado huellas. Alguien las dejó, nadie las vio.

Más datos sobre la caja feliz link

El gobierno nacional obligaba a provincias y municipios a contratar en forma directa, sin licitación alguna, a la Fundación Madres de Plaza de Mayo si querían recibir fondos especiales para construir viviendas sociales, según publica hoy el Diario La Nación.

Los documentos, a los que tuvo acceso La Nación, contradicen abiertamente lo que afirmaron el miércoles pasado, en el Congreso, los subsecretarios Abel Fatala (Obras Públicas) y Luis Bontempo (Vivienda) para despegarse del escándalo que desató el desmanejo de fondos por parte de Sergio Schoklender, ex apoderado de la fundación: "Nosotros no tratamos directamente con las Madres, sino con las jurisdicciones, con los municipios".
Esos dichos provocaron comentarios de gobernadores, que se apuraron a aclarar que el plan "venía enlatado" desde el Ministerio de Planificación y que ellos sólo pagaban cuando recibían los fondos y se certificaban las obras, publica hoy el matutino en su versión online.

Los documentos en poder de La Nacion reflejan lo que gobernadores e intendentes admitían sin el grabador prendido: la orden expresa del Gobierno era contratar a las Madres. Si así ocurría, ellos cobrarían sin demoras y las casas iban a estar hechas a tiempo.

En algunos de esos convenios, además, se pagaron, según lo presupuestado hace 13 meses, 463.000 pesos, por ejemplo, por cada vivienda en Villa Lugano de 70 metros cuadrados, amueblada y equipada con heladera.

En un contrato de obra firmado el 13 de abril de 2010 por Sergio Schoklender como apoderado de las Madres de Plaza de Mayo y Schiavoni, por la Corporación del Sur, se menciona expresamente que mediante el Convenio de Colaboración y Transferencia "se impone la obligación por parte de esa Subsecretaría [de Obras Públicas de la Nación] de contratar en forma directa a la fundación para acceder al financiamiento de la obra". Claramente: para recibir dinero había que firmar con las Madres.

¿Nadie sabía?Link

La investigación en pleno despliegue va encontrando datos y armando sus hipótesis. Una de las más firmes habla de una mesa de dinero que los Schoklender habrían armado para generar un circuito financiero en negro para el cual la empresa Meldorek habría sido clave.