El autismo en el que se mueve la política económica niega la inflación y tiene como casi excluyente objetivo el cierre de un modesto canje de deuda, bajo el (errado) convencimiento de que ésa es la única manera de bajar las tasas de interés en el corto plazo.
Hay escasa lógica formal, de eficiencia económica, en la idea de convivir con precios minoristas creciendo al 20% anual (bajo una proyección, a esta altura, benigna). Pero debe admitirse que existe una suerte de lógica K, donde la inflación es concebida como una herramienta fiscal en una “zona de confort” de 20-30% anual. Precios en alza permiten aumentar la recaudación nominal (porque hay muchos impuestos “indexados”) y a la vez, desacelerar el gasto real. No es poco, dentro de un escenario de déficit fiscal después del pago de intereses. Pero también, supone contar con la capacidad de controlar la dinámica de los precios, algo impredecible en una economía como la argentina donde las expectativas y la inercia dicen mucho en su proceso de formación.
La paradoja es que un gobierno imaginado como progresista permita que la inflación licúe los ingresos de los que perciben sumas fijas por mes: los trabajadores. En estos sectores, la inflación es un fenómeno aún más complejo, porque los alimentos (que componen cerca de la mitad de sus canastas de consumo) crecen al 30% anual.
En 2009, la crisis internacional y la inflación (de 15% al año) afectaron negativamente el gasto privado. En efecto, el gasto medio mensual por habitante cayó más de 3% en términos reales, pese a un aumento nominal de $ 1.250 a cerca de $ 1.400.
Un dato curioso es que los dos extremos de la distribución del ingreso fueron los más afectados en la crisis: el 10% de habitantes con ingresos más bajos redujo un 4.1% su nivel de consumo real, mientras que el 10% más rico lo hizo 4,5%. Esto responde a que alimentos en una punta de ingresos y educación y salud en la otra, fueron los rubros que más crecieron del Índice de precios al consumidor. Es obvio que ningún tramo de ingresos creció durante 2009.
Ahora, la inflación se está acelerando. Pero la economía se recupera (el PBI puede crecer 3-4% en 2010) y está operativa la asignación universal por hijo, que es una medida de tal impacto sobre el consumo de los sectores de menores ingresos que aun proyectando un aumento de 30% anual en los precios de los alimentos, puede dejar “ganancias” reales en términos de consumo de los más postergados.
En efecto, computando el efecto de la asignación, el consumo mensual por habitante del decil 1 aumentara 50% en el año, pasando de $280 a $416. Para el segundo decil, la variación sería de $517 a $696 (+36%), de $679 a $882 en el decil 3 (+31%) y de $843 a $1.066 en el decil 4 (+28%).
| El Gobierno considera una inflación de entre el 20 y el 30% como una herramienta fiscal para aumentar recaudación |
Ricardo Delgado Economista, director de Analytica () |
De esta forma, el consumo real se incrementaría 22% en el decil 1; 11% en el decil 2; 7,6% en el 3 y 4,8% en el decil 4.
En el 30% de mayores ingresos de la población, la variación del consumo será algo superior a la esperada para los precios, con crecimientos de entre 22% y 26% según el decil. Así, el aumento promedio del consumo de estos sectores sería de 2.8% en términos reales.
Por una clara “resistencia ideológica” (en el sentido de no dar marcha atrás con la intervención del Indec), pero también por la lógica fiscal de maximizar el impuesto inflacionario y ahora también, por el efecto pleno de la asignación universal, el gobierno apuesta a convivir con niveles inflacionarios elevados e inciertos, en tanto crecen las dudas acerca del modo en que financiará el gobierno sus gastos, realimentando las conocidas expectativas alcistas y los mecanismos inerciales de los aumentos de precios.
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