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avanza el proyecto del gobierno para comprar una entidad privada
El sueño pingüino de un banco propio
Es una idea de Néstor inspirada en el Banco de Desarrollo de Brasil. La iniciativa fue reflotada tras la estatización de las AFJP. La nueva institución se financiaría con fondos de la ANSES. El Citibank y el Standard Bank en la mira.
03.02.2009

Chodos y Boudou. el Superintendente de AFJP y el jefe de la ANSES ya revisaron el proyecto que llegó a manos de Kirchner.
El gobierno nacional evalúa comprar un banco privado para financiar, con el dinero de la ANSES, el caudaloso río de la obra pública en el año electoral. Cerca de Néstor Kirchner afirman que el presidente pretende contar con esa herramienta desde que decidió erradicar la jubilación privada del sistema previsional. Fuentes oficiales le aseguraron a Crítica de la Argentina que la propuesta que ahora estaría analizando el santacruceño pasó por las manos del superintendente de AFJP, Sergio Chodos, y por las del titular de la ANSES, Amado Boudou. En el Gobierno hay quienes afirman que la idea ya está “madura” e incluso se arriesgan a mencionar a dos bancos que reunirían las condiciones que pretenden: el Citibank y el Standard Bank. El Citi es un banco con 100 años de historia en el país. Participó en varias reestructuraciones de deuda pública y su red de sucursales es una de las más grandes del país, con especial llegada al segmento de más alto poder adquisitivo. Sin embargo, acaba de iniciar un proceso de venta de activos en todo el mundo para mejorar sus finanzas. De hecho, hace unas semanas, tuvo que ser rescatado de urgencia por el gobierno norteamericano. El caso del Standard Bank no parece tan simple: desembarcó hace tres años en el país desde Sudáfrica tras comprar al Bank Boston y continúa con su joven posicionamiento. Consultado por este diario, un alto funcionario kirchnerista, que visita con frecuencia la residencia de Olivos, sólo se limitó a responder: “A veces se dice que el Gobierno quiere comprar pero en realidad son otros los quieren vender sus activos al Gobierno”. El Poder Ejecutivo no pierde de vista que, en el último año, los bancos que tienen sedes en Argentina fueron afectados por el cataclismo financiero internacional, el golpe mortal a las AFJP y la fuga de capitales. Muchos, hoy luchan por la supervivencia. Cristina Fernández de Kirchner y sus ministros ya hicieron anuncios de obras que se financiarán con los fondos de la ANSES, pero en el oficialismo repiten que necesitan una entidad –propia y pública– que se dedique exclusivamente a financiar obras. Algo es indudable: la masa de dinero que durante 14 años controlaron las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones ya se convirtió en la savia que nutre el precario armado que ensaya Kirchner en todo el territorio nacional. Precisamente, la resistencia de las extintas AFJP a financiar proyectos de obra pública fue uno de los flancos predilectos que eligió el oficialismo para justificar la decisión de eliminar a las administradoras. Pero, en lo que va del año, distintos intendentes y gobernadores reclamaron en la residencia de Olivos garantías de que la ejecución de las obras no se paralizará cuando el gobierno de los Kirchner llegue a su fin y que los fondos lleguen a través de una herramienta financiera que les brinde “seguridad jurídica”. Por eso, el banco propio está entre las prioridades del oficialismo. Hace tiempo que los habitués de la residencia de Olivos escuchan a Kirchner hablar acerca de la necesidad de que tener un nuevo Banco Nacional de Desarrollo al estilo del BNDES brasileño, la institución que financia proyectos industriales en Brasil desde hace casi 60 años. Pese a que el recuerdo del Banade argentino –que según afirmó alguna vez Roberto Lavagna terminó con 5.700 millones de dólares en créditos incobrables–, los empresarios de la UIA son los que demandan un banco de fomento para sus proyectos. Tras el fin de las AFJP, muchos alentaron la posibilidad de que el elegido fuera el Banco de Inversión y Comercio Exterior, que hoy está a cargo de Miguel Peirano. Pero esa opción fue descartada porque financiar fideicomisos de obra pública y fideicomisos de consumo –como los de las cadenas de electrodomésticos– implicaría realizar modificaciones estatutarias en el BICE. Además, la entidad podría resignar el investment grade, la categoría con cual las calificadoras de riesgos distinguen a la inversión no especulativa, que le permite conseguir préstamos a tasas más baratas.