Anmistía al crimen

Por Jorge Oviedo

Lo que se anunció como una generosa moratoria parece ser una peligrosa amnistía. Tal como está, permitiría terminar con las acciones penales en resonantes casos de corrupción que alcanzaron al actual gobierno. Cualquier causa penal que no tenga sentencia firme vinculada con fraudes tributarios se extingue por el simple pago de tributos, con facilidades. No aparecen exclusiones que impidan que por esta vía desaparezcan casos como el de Infinity Group, que derivó en Skanska, y hasta la acción contra el "valijero" Antonini Wilson. Las simples moratorias son siempre grandes oportunidades para que se blanquee dinero proveniente del delito. Quienes combaten el lavado de dinero no ven con buenos ojos esta clase de operaciones en las que puede entrar en el circuito legal el dinero proveniente del narcotráfico o para financiar actividades terroristas.

No está claro cómo hará el Gobierno para que el proyecto, tal como está, no sea una fantástica oportunidad, además de poco costosa, para esta clase de movimientos cuando en el país comienzan a aparecer sospechas serias de actividades industriales y comerciales de poderosos carteles mexicanos de la droga.

La norma es, como mínimo, un gigantesco desaliento para las personas honestas y cumplidoras de las obligaciones tributarias. El texto permite escapar con pocos costos hasta a quienes, por ejemplo, tengan una sentencia adversa en segunda instancia, hayan apelado a la Corte y tengan el caso pendiente.

La norma dice que las causas penales se suspenderán para quienes elijan pagar en cuotas y se reanudarán si dejan de pagar. Habría que ver qué dirían los tribunales en esos casos, porque en la Argentina está prohibida la prisión por deudas.

El régimen también extingue acciones por empleo en negro, por ejemplo. Pero ¿qué pasa si hay un juicio planteado por el empleado a quien le correspondería una indemnización? No está claro, porque el Estado no puede condonar lo que no le pertenece.

Y cuando el Gobierno dice que no se permitirá incluir en el blanqueo a quienes hayan sido o sean funcionarios públicos, no está claro cómo hará cumplir tal limitación. Podrá ser que no extinga la acción penal, pero habrá que ver cómo se considera tal cosa en la Justicia. ¿Podrían quedar libres de culpa y cargo los empresarios implicados en una causa y no los funcionarios? ¿Dirán los tribunales que no se afecta el principio de igualdad ante la ley?

La lógica de un blanqueo de capitales es incentivar el retorno o exteriorización de ganancias no declaradas para hacer inversiones en un país que se ha vuelto muy atractivo, rentable y ofrece muchas seguridades. La Argentina, según la lectura de los mercados, no está en esa situación y no vale la pena tomar riesgos aunque las ganancias sean altísimas, como lo demuestra la baja cotización de los títulos públicos.

En un contexto de generalizada desconfianza, el proyecto oficial parece apuntar en direcciones equivocadas, como en el caso de la increíblemente amplia amnistía tributaria. Y en otros, como en las cuestiones laborales, llega tarde.