Operación Duhalde

Maurizio Macri, Felipe Solá y Francisco De Narváez. Esta UTE representa una derecha moderna, gay friendly. Sus tres socios son divorciados y han vuelto a casarse o conviven con segundas y hasta terceras parejas. Aman las fiestas y los disfraces y no ven a la Iglesia Católica más que como un actor político y un resorte de control social. Por tradición y para marcar su diferencia con Kirchner, Solá recibió varias veces en la casa de gobierno de La Plata a los diecinueve obispos bonaerenses, encabezados por el sombrío Héctor Aguer. En Buenos Aires, Macri aumentó con generosidad el presupuesto para la educación confesional y por medio de su vicejefe, Gabriela Michetti, cultiva la relación con el arzobispo jesuita Jorge Bergoglio. Como Menem cuando bailaba con odaliscas, intentan comunicarse con la sociedad como personajes de la farándula, incontaminados por la política.

El vacío de poder

Como saben que no tiene el menor sex appeal electoral, los tres se esforzaron por minimizar el rol de Duhalde, quien comenzó a trabajar en el proyecto de liquidación del gobierno de CFK, aún antes de que ella fuera elegida. Cuando algunos peronistas marginados como el jefe de su custodia, Miguel Toma, o el ex gobernador misionero Ramón Puerta le plantearon la necesidad de presentar una fórmula alternativa en 2007, respondió que era imposible impedir la victoria de Cristina pero que había que prepararse para cubrir un futuro vacío de poder, para lo cual comenzó ya entonces una serie de contactos con empresarios y dirigentes de cámaras patronales. Puerta, quien jugó un papel decisivo en la operación de Duhalde para desplazar al impotente jefe de la Alianza, Fernando de la Rúa, fue el puente con Macri, su compañero de estudios y de negocios. Ambos festejaron con un partido de fútbol la renegociación del contrato por la represa del arroyo Urugua-í, una obra presupuestada en 80 millones de dólares que costó 300 y que dejó como secuela una causa judicial por defraudación y cohecho, caratulada “Grindetti, Néstor Osvaldo, s/estafa”.

Contrabando

En 1999 la Sala IV de la Cámara Federal de la Capital sobreseyó a Macri y a su padre por el contrabando desde Uruguay de 13.000 automotores, como recordó la entonces senadora CFK durante el juicio político a los miembros del cardumen menemista en la Corte Suprema de Justicia. La DGI sostuvo que los Macri enviaron autopartes al Uruguay por las cuales cobraron reembolsos. Una vez armados, los vehículos reingresaron a la Argentina sin pagar impuestos internos. Además se falsificaron las firmas de los 13.000 compradores para hacerlos aparecer como importadores directos. CFK dijo que también debían ser destituidos los camaristas Gustavo Hornos, Amelia Berraz de Vidal y Ana María Capolupo, pero nada de eso ha ocurrido. Una jueza renunció, otra se jubiló y Hornos sigue en su cargo. El fiscal federal Eduardo Taiano pidió en 2005 que se investigara también la existencia de una asociación ilícita para defraudar al Estado nacional por parte de la UTE que construyó Urugua-í. Su colega Jorge Di Lello hizo el mismo pedido en 2006 en la causa “Henin, Guillermo Arturo y otros por defraudación contra la administración pública”. El Estado nacional pagaba reembolsos a las empresas constructoras de la represa de Yacyretá por los regímenes de promoción industrial de la ley 20.852. Su objeto era compensar a las empresas locales productoras de bienes nacionales para que pudieran competir en pie de igualdad con las extranjeras en las licitaciones internacionales. Pero los beneficios fiscales y arancelarios se otorgaron también a empresas extranjeras, por bienes importados o inexistentes, con certificados falsos o por materias primas sin valor agregado, como el cemento, la piedra y la arena. Los ex jueces federales Pedro Wechsler y Néstor Blondi llegaron a probar estafas por más de 300 millones de dólares. La Sigen dictaminó que el pago de los reembolsos fue irregular y que no se certificaba el origen nacional de los bienes. Esos delitos fueron cometidos por un consorcio de empresas integrado, entre otras, por Sideco, de la que Maurizio Macri, no su padre Franco, fue vicepresidente y luego presidente, entre 1986 y 1992. En ese lustro el grupo de Sociedades Macri encomendó un estudio entre líderes de opinión para determinar las vulnerabilidades en su imagen empresarial y buscarles remedio. Un porcentaje apreciable de las respuestas lo mencionó como “testaferro”, “vinculado con la mafia” o “de la logia Propaganda Due”. (En las listas de la logia P2, figuraba el contraalmirante Juan Questa, uno de cuyos hijos trabajó en el grupo Socma en tareas de lobby para la obtención de contratos con el Estado). En abril de 2002, cuando recién meditaba dejar la compraventa de futbolistas por la política, Macri viajó a Washington para establecer contactos con políticos estadounidenses, en compañía de tres íntimos colaboradores: Eugenio Burzaco, Francisco de Narváez y Alfonso de Prat Gay, que luego siguieron rumbos distintos. Los unía desde entonces la obsesión por la seguridad. Macri dijo durante la última campaña electoral que el presupuesto de seguridad se decuplicaría, del 2 al 20 por ciento, “como tienen Nueva York y Santiago de Chile” (sic). Con cautela, omitió informar en qué rubros economizaría la diferencia. Por supuesto no ha hecho nada de eso.

El candidato transgénico
La defección de Solá sobre la resolución 125 corona su carrera como operador de los grandes intereses económicos sectoriales. En 1996, apenas un año después de su introducción en Estados Unidos, sin ningún debate parlamentario ni académico, autorizó la soja transgénica de Monsanto y su letal herbicida Roundup. En pocos años esa oleaginosa pasó a cubrir 16 millones de hectáreas, lo cual equivale al 60 por ciento de la tierra cultivada en el país. Los precios de la tierra se cuadruplicaron y en una década el promedio de las explotaciones pampeanas pasó de 250 a 538 hectáreas, con un 30 por ciento menos de productores. Se redujeron el número de tambos, la producción de arroz, maíz, girasol, carne porcina. Los precios de artículos básicos de subsistencia crecieron en forma vertical. Según el oficial de Marina Mercante Roberto V. Maturana, quien cita informes de la Auditoría General de la Nación, la Procuración del Tesoro de la Nación y la Universidad Nacional de Buenos Aires, sobre los permisos de pesca otorgados durante su gestión, Solá también es “responsable absoluto de la destrucción y la entrega de la pesca nacional”. Maturana impulsó diez causas penales contra Solá en los tribunales federales de Mar del Plata que, sostiene, “no avanzaron debido a la adicción de la justicia al poder político”. Tanto en la Secretaría Nacional como en su paso por la gobernación bonaerense, Solá entregó la subsecretaría de pesca al grupo de empresas pesqueras CEPA. “Los buques congeladores factoría beneficiados con esta política de destrucción de la pesca nacional arrojan al mar en pescado fresco y bueno la suma aproximada de 250 millones de dólares al año, mientras niños de la Nación padecen hambre y comen de tachos de basura”, escribió.

Un hombre encantador

De Narváez es uno de los personajes más encantadores de la política argentina. Siempre tiene la billetera dispuesta para financiar emprendimientos ajenos. Para colmo de virtudes no puede aspirar a la presidencia porque es colombiano. Fue uno de los duhaldistas residuales que votaron en favor de la admisión del diploma como diputado del ex subcomisario Luis Patti. De su abuelo checoslovaco heredó la cadena de supermercados Tía. La vendió hace una década y hoy es copropietario del canal 2 de televisión y la radio La Red, pese a que la legislación vigente prohíbe esas actividades a un diputado nacional. En esos emprendimientos es socio del ex ministro menemista José Luis Manzano. También explota fondos de inversión y el predio cedido por Menem a la Sociedad Rural en Palermo, cuyo contrato negoció con Biolcati, a cambio de asumir entre otras cosas la deuda de la SRA con el Estado por la compra fraudulenta del predio. Como Massera, que creyó controlar al peronismo porque tenía presos a Isabel en un arsenal naval, a Lorenzo Miguel en su casa y a algunos Montoneros en la ESMA, De Narváez cree que es posible comprarlo: pagó la biblioteca de Perón, su uniforme, su mausoleo en San Vicente, la campaña presidencial de Menem en 2003 y la legislativa de Duhalde en 2005. La troika impulsada por Duhalde pondrá a prueba en octubre si la sociedad bonaerense está madura para optar como la porteña por una Argentina atendida por sus dueños.