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::(Macri anuncio la erradicacion de villa 31):: Los más pobres en tierras muy caras

En su campaña, Mauricio Macri anunció que la villa de Retiro será erradicada.Los proyectos de urbanización estiman que se llegaría a pagar seis mil dólares el metro cuadrado de las futuras torres. El PRO inició con dificultades el relevamiento, pero muchos vecinos prefieren urbanizarla en vez de erradicarla

Por Alejandra Dandan
La villa de Retiro aloja en este momento a unas 25 mil personas en uno de los barrios más caros de la ciudad. Durante la campaña, Mauricio Macri habló de los programas de reurbanización de las villas porteñas, de todas excepto de Retiro, donde planteó el proyecto de erradicación. Esa sola idea disparó dentro del barrio todo tipo de fantasmas.
El proyecto

Las tierras de la 31 jurídicamente pertenecen al gobierno de la ciudad de Buenos Aires, porque el Instituto de la Vivienda de la ciudad (IVC) es el encargado de manejar todos los recursos que entran y salen del barrio, desde las chapas, el agua potable o las propuestas de nombres de los delegados. En los papeles, sin embargo, las tierras no son de la Ciudad. La mayor parte pertenece al Organismo residual de Administración de Bienes del Estado (Onabe) y otra parte menor a Repsol-YPF. , cuyo terreno está valuado en unos 25 millones de dólares, un dato que atado a los proyectos millonarios de desarrollo inmobiliario, turístico y comercial, proyectados sobre el Puerto de Buenos Aires y Retiro, explica algunas de las divergencias pasadas y futuras sobre la villa. A grandes rasgos, los urbanistas vinculadas con alguno de esos proyectos manejan dos tipos de soluciones posibles: erradicación o urbanización.

En este momento, los especialistas creen que una urbanización completa implica varias decisiones complejas del Estado nacional, como comprar las tierras de Repsol-YPF por 25 millones de dólares y olvidar el desarrollo inmobiliario, porque la cercanía de los pobres espantaría a los emprendedores dispuestos a pagar unos 6 mil dólares el metro cuadrado. En ese contexto, se analiza las alternativas de erradicación de un sector o de toda la villa (ver aparte reportaje con Sorin).

“Las erradicaciones de Retiro siempre fueron por las que pagaron más grosso”, dice Valentín Herrera, referente de los cartoneros de Soldati, pero antiguo vecino temporario del lugar. “Hace 13 años se erradicó una parte del barrio a 35 mil pesos de entonces –explica–, hoy serán 100 mil; se pagó más que en otros lugares, eso es lo que tiene sujeta a la gente ahí: y ahora es la negociación del futuro, con cualquier gobierno que entre.”“La villa, una inmobiliaria”

Están durmiendo hasta las 6 de la tarde y tienen 20 habitaciones alquiladas a 200 pesos cada uno. Fijate cuánto es.”

› LA HISTORIA DE LA VILLA DE RETIRO
Por Carlos Rodríguez

“Señor: yo puedo hacer huelga de hambre y ellos no, porque nadie puede hacer huelga con su propio hambre.” El párrafo, que no figura en ninguna Biblia oficial, forma parte de una larga oración escrita en la década del setenta por el sacerdote Carlos Francisco Sergio Mujica, la personalidad más trascendente que vivió en la Villa 31 de Retiro. Carlos Mujica fue asesinado el 11 de mayo de 1974 por la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A), pero para muchos, su figura sigue “chapoteando en el barro”, como él mismo también escribió, cada día de lluvia. La villa de Retiro, que comenzó a formarse en el año 1930, luego de la crisis del ’29, tuvo como habitantes originales a familias de obreros portuarios desocupados. En la década del cuarenta llegaron inmigrantes europeos y obreros ferroviarios y en los cincuenta había seis barrios internos organizados en una Coordinadora de delegados. Cuando llegaron los setenta, tenía una población que rondaba las 60 mil personas.

En esos años en los que florecía la militancia política y sindical, la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires elaboró el primer proyecto de urbanización. Las promesas, hasta hoy, nunca se cumplieron. Luego del asesinato de Mujica y mucho más durante la dictadura militar que tomó el poder en marzo de 1976, se llevó a cabo una erradicación compulsiva y violenta. Los pobladores eran sacados en camiones, por hombres armados de uniforme o no, en “operativos de limpieza”. Las familias eran arrojadas, libradas a su suerte, fuera de los límites de la Capital Federal. Los que habían llegado de los países limítrofes, fueron trasladados por la fuerza hasta la frontera.

Después del 10 de diciembre de 1983, con el retorno de la democracia, la Villa 31 fue poblándose de nuevo. En poco tiempo llegó a reunir a unas 1900 familias (cerca de 12 mil personas), en una superficie de poco más de 15 hectáreas. En los noventa, durante la gestión de Carlos Menem, el gobierno nacional aprobó un plan para entregar las tierras a sus históricos habitantes, pero la medida nunca llegó a ejecutarse. Por el contrario, durante la gestión del peronista Jorge Domínguez como jefe de la comuna porteña, volvieron los desalojos compulsivos. Quedó en la historia la imagen de Domínguez, montado en una topadora, gritando: “Avancen, avancen”, mientras los vecinos cerraban filas para impedir que destruyeran sus casas. Allí nació Jorge “Topadora” Domínguez.
Se estima que ahora viven, en la Villa 31 y en la 31 Bis, unas 70 mil personas que ocupan cerca de 25 hectáreas. La 31 se divide en cinco barrios: Güemes, Inmigrantes, Comunicaciones, YPF y Autopista. En la Navidad de 1994 nació la 31 Bis, donde viven inmigrantes peruanos, bolivianos y paraguayos, además de argentinos llegados del interior. Norma Bustamante, delegada de la 31 Bis, aseguró que hay allí cinco comedores manejados por “punteros del Gobierno porteño” que “nunca atienden las necesidades de la gente sino los intereses de los propios punteros”.
Cruce entre la ciudad y la Nación

Para el ministro de Seguridad de la ciudad, Guillermo Montenegro, ayer el gobierno nacional “mostró su falta de voluntad” para evitar el corte sobre la autopista Illia. El funcionario también habló de la “falta de celeridad en la actuación de la policía”. Su jefe, Mauricio Macri, insinuó un complot y advirtió que había una orden de la fiscal Genoveva Cardinali para desalojar la autopista. La respuesta no tardó en llegar y vino por partida doble: le respondieron el ministro de Justicia, Aníbal Fernández y el comisario mayor Daniel Rodríguez.
“Macri es un mentiroso”, dijo Fernández y negó la existencia de la orden de la fiscal. El funcionario acusó al jefe de Gobierno de “pretender que la policía reprima” y leyó la comunicación enviada por Cardinali, quien estableció que la orden “bajo ningún aspecto involucra avalar medida compulsiva para desalojar”. El ministro de Justicia dijo que este tema “no se puede resolver con los palos, porque se ataca el efecto y no la causa”. Rodríguez, por su parte, aseguró que la policía “acudió a partir del momento del corte como auxiliar de Justicia”, ya que la fiscal “dispuso identificar a las partes, filmar y no hacer uso de la fuerza, lo que se llevó a cabo acorde a derecho por disposición del magistrado”.

Día agitado en la autopista

“Villa 31, Setenta años de historia”. Media hora después, el informe de tránsito porteño pasaba de “intenso y fluido” a “cargado y lento”, los teléfonos de las radios estallaron y los propios manifestantes se encargaban de aclarar que era la única forma de que todos se enteraran de un nuevo intento por dejarlos sin viviendas, esta vez, por vía judicial.

“El problema es que el Onabe está de acuerdo con Macri”, dijo Acosta. “Menos mal que supimos lo que estaba pasando por los diarios, porque si no me iba a enterar cuando entraran las topadoras”, dijo el hombre

Ayer, los vecinos reclamaban participar de la audiencia que convocó la jueza Cecilia De Negri, en la que se pone en juego el futuro de sus viviendas ya que la causa derivó en una medida cautelar para que no se puedan edificar nuevas viviendas en altura (ver página 3) porque existiría en algunas “peligro de derrumbe”.
Sentados sobre el guard-rail de la autopista, dos albañiles paraguayos reían y gritaban mientras se limpiaban el sudor bajo el sol del mediodía. “Nos van a decir a nosotros cómo construir, que trabajamos haciendo edificios de 20 pisos”, dijo uno.
“No es una derrota, logramos que todo el país hable de nuestro problema, que sepan que lo único que reclamamos es nuestro derecho a la vivienda. La semana que viene la jueza nos va a responder si somos parte de la causa o no”
, decía Nilda, cuando un estudiante la interrumpió para contar lo que Macri había dicho en conferencia de prensa. Todos comenzaron a silbar y a putear, pero la decisión estaba tomada, aunque se sugirió que el viernes habría otro corte de similar magnitud.

“No nos vamos nada, que nos echen a patadas”, fue el canto de despedida de los vecinos, mientras a un costado dos policías seguían la escena recostados sobre un patrullero, aprovechando los últimos rayos del sol.

Relación con la oposición
La Nación invertirá en la ciudad $ 13.000 millones

Al Gobierno no le convenía pelearse con un dirigente que cuenta con más del 60% de aceptación popular y a Macri tampoco le servía enemistarse con la Casa Rosada y perder el beneficio del "club de obras".

El club de la obra pública kirchnerista sumó, desde hace unas semanas, un nuevo beneficiario: la ciudad de Buenos Aires. A pesar de que el jefe de gobierno, Mauricio Macri, personifica la oposición nacional, hay casi 13.700 millones de pesos de inversión apalabrados entre el gobierno de Cristina Kirchner y la administración porteña.

Los acuerdos entre la Presidenta y Macri modificaron la tensa relación que ambos mantenían.En la lista, aparecen otros trabajos, más grandilocuentes, como el soterramiento del Sarmiento (US$ 1000 millones para la primera etapa), la autopista ribereña (alrededor de US$ 400 millones), la construcción de nuevas líneas de subtes (US$ 2500 millones), la conversión del Correo en un edificio cultural y la peatonalización de la zona que lo rodea (US$ 230), la continuación de la Autopista Illia (US$ 170) y la discusión por la urbanización de villas (US$ 30, como mínimo). El negocio arranca en 4300 millones de dólares. O 13.674 millones de pesos, al cambio del viernes ($ 3,18).

La constructora Iecsa, de Angelo Calcaterra, primo de Macri, es una de las beneficiarias en la obra del soterramiento del Sarmiento. Iecsa también aparece como parte del grupo Veloxia, adjudicatario del tren bala, otra gesta con un costo de más de 3500 millones de dólares.

Los acuerdos entre el Gobierno y la ciudad crecen. Puede que haya alguna picardía política en el medio, pero, por ahora, el ritmo de la relación deberá entenderse desde la perspectiva de la infraestructura. La administración de Macri entró en el club de la obra pública kirchnerista. Y todos quedaron contentos.

Por José Ignacio Lladós
De la Redacción de LA NACION